El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del artículo 43 para asegurar la prestación en la sanidad pública, aunque dependerá del apoyo del PP para avanzar.
MADRID – En una decisión de gran relevancia jurídica e histórica, el Gobierno español ha dado luz verde este martes, en segunda lectura, al proyecto de ley que modifica la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta reforma busca otorgar rango constitucional a este derecho mediante la modificación del artículo 43 de la Constitución, garantizando su acceso gratuito y efectivo en el sistema público de salud.
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El núcleo de la reforma: garantía en la prestación
Con el apoyo del Consejo de Estado, la iniciativa propone añadir un cuarto apartado al artículo 43. El texto sugerido indica que:
«Las autoridades públicas asegurarán el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, incluyendo todas las prestaciones y servicios necesarios».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que la intención fundamental es corregir la actual situación en la que el 79% de los abortos se realizan en clínicas privadas, mientras que solo el 20% se efectuán en centros públicos. «Con esta reforma estamos protegiendo la dimensión de prestación del derecho, que es la que corre peligro», señaló la ministra tras la reunión en La Moncloa.
Un proceso parlamentario complicado
A pesar de la voluntad del Ejecutivo, la realidad parlamentaria implica un gran desafío. Al tratarse de una reforma constitucional ordinaria, el Gobierno debe superar uno de dos procedimientos:
- Mayoría de tres quintos: Se precisa un acuerdo amplio en Congreso y Senado.
- Comisión paritaria: Si no se alcanza esa mayoría, se puede intentar con dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
En ambos casos, el Partido Popular (PP) juega un papel clave. Con mayoría absoluta en el Senado, los populares tienen la capacidad de aprobar o frenar la reforma. Hasta ahora, el PP se ha manifestado contrario a este cambio constitucional, lo que anticipa un proceso parlamentario complejo.
Defensa contra posibles retrocesos
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha argumentado que esta medida es imprescindible para proteger la autodeterminación femenina frente a eventuales retrocesos políticos. El Gobierno sostiene que aunque el derecho legal no esté en riesgo inmediato, sí lo está su ejercicio igualitario en todo el territorio.
«Nos mantendremos firmes para que los derechos de las mujeres no se vean amenazados», reiteró Redondo, confiando en que los partidos políticos respondan a una demanda social que estima mayoritaria. Tras esta aprobación inicial, comenzarán conversaciones con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios para tratar de construir un acuerdo, que por ahora parece difícil de alcanzar.
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