La instalación de nuevos campamentos construidos por el Ejército para alojar a inmigrantes incrementa la preocupación en la ya compleja situación de Ceuta. Los responsables policiales han definido estos asentamientos como un «polvorín», una advertencia que el Gobierno central no debería pasar por alto, sobre todo tras los recientes incidentes en la playa del Trampolín.
La presión que enfrenta la ciudad autónoma y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha alcanzado niveles críticos. En este contexto, resulta difícil de justificar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya ignorado la solicitud del Senado para dar explicaciones acerca del asalto y la gestión de la crisis.
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Ceuta no puede transformarse en un extenso Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ni mantenerse indefinidamente bajo una política marcada por la falta de planificación. La precariedad de las condiciones actuales queda evidenciada con la aparición de brotes sanitarios, como la sarna, entre las unidades desplegadas. El Ministerio del Interior debe actuar con prontitud asegurando los recursos y las condiciones de seguridad necesarias, atendiendo las alertas de los mandos en el terreno antes de que los riesgos se incrementen.
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