La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el juicio el próximo miércoles contra el colaborador televisivo y su exesposa, Makoke, por la presunta evasión fiscal a través de una compleja estructura empresarial.
El sistema judicial aborda un nuevo caso importante relacionado con el fraude fiscal. La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, ha solicitado una condena de cinco años y seis meses de prisión para el colaborador televisivo Kiko Matamoros, acusado de ocultar su patrimonio a la Hacienda Pública para incumplir sus obligaciones tributarias. Asimismo, se pide cuatro años de cárcel para su exesposa, María José Giaever, conocida como Makoke, al considerarla cómplice necesaria en la ejecución de estos delitos.
El juicio, programado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, examinará una supuesta maniobra de ocultación de bienes que, según el Ministerio Fiscal, habría generado una deuda acumulada con la Hacienda pública de 1.086.597 euros entre 2009 y 2014, suma que incluye impuestos, intereses de demora y multas.
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Una estrategia para proteger el patrimonio personal
Según el escrito de acusación, desde 2009 Kiko Matamoros habría diseñado un plan para resguardar su patrimonio frente a posibles embargos por parte de la Agencia Tributaria. El fiscal argumenta que el acusado tenía plena conciencia de que sus ingresos eran suficientes para saldar las deudas, pero optó por no realizar los pagos para preservar su nivel económico y modo de vida.
Para llevar a cabo esta supuesta ocultación, el Ministerio Público detalla que Matamoros formalmente renunció a la titularidad de sus bienes e ingresos. Esta operación habría consistido en la creación de varias empresas —entre ellas, Salto Mortal y Silla del Ring—, que canalizaban sus actividades en televisión, prensa del corazón y representación de terceros, especialmente de su entonces esposa, Makoke.
El fiscal destaca que, mediante la utilización de estas sociedades y la firma de contratos paralelos, Matamoros evitaba aparecer como receptor de ingresos, lo que complicaba a la Agencia Tributaria la cobranza de las deudas surgidas de su labor profesional como tertuliano y comentarista.
La vivienda en Pozuelo de Alarcón
Entre los aspectos señalados por la acusación está la compra de un inmueble en Pozuelo de Alarcón, Madrid, en 2011, valorado en 1.315.750 euros. Aunque la casa fue residencia habitual de la pareja, el escrito revela que la titularidad del inmueble se registró a nombre de Makoke para impedir actuaciones de Hacienda contra Kiko Matamoros.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita sanciones económicas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke. Se reclama también una compensación conjunta a la Agencia Tributaria de 471.900 euros, junto con una reclamación adicional individual de 636.697 euros que debería afrontar el colaborador.
Se recuerda que Matamoros apareció en la lista de grandes deudores de Hacienda durante varios años, ingresando por primera vez en 2016 y permaneciendo con cantidades superiores a 600.000 euros hasta que fue excluido en 2022, hecho que se hizo público en 2023.
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