Claudio Rivas, empresario señalado como posible socio de Víctor de Aldama en el caso denominado Hidrocarburos, ha sido procesado junto a otras 21 personas por su presunta implicación en un fraude fiscal que supera los 70 millones de euros en el sector de los hidrocarburos entre 2016 y 2018.
Esta investigación es diferente de la causa más conocida que llevó a Rivas y Aldama a prisión preventiva por una presunta defraudación de 182,5 millones de euros en IVA durante el periodo 2022-2024, vinculada a la empresa Villafuel y que está bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
En el presente proceso, el magistrado Antonio Piña ha dictado un auto de procedimiento abreviado —equivalente a un procesamiento— en el que determina que existen indicios suficientes para juzgar a Rivas y a los demás implicados por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, así como por falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según detalla la resolución judicial, el supuesto fraude se habría ejecutado a través de la sociedad SKT OIL, mediante facturas falsas emitidas por empresas inactivas o inexistentes para incrementar de modo ficticio el IVA soportado deducible. Una operación similar, según el juez, también habría tenido lugar por medio de la empresa OWTRA OIL.
La trama habría defraudado aproximadamente 13,8 millones de euros en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018 a través de SKT OIL, mientras que en el caso de OWTRA OIL la cuota defraudada se estima en 7,2 millones de euros en 2018.
El auto propone además que 16 empresas sean consideradas responsables civiles subsidiarias y que cinco personas comparezcan como partícipes a título lucrativo. Además, describe la supuesta ocultación y la introducción posterior de los beneficios ilegales en el circuito económico.
Entre los activos adquiridos con los fondos derivado del fraude figuran varios inmuebles: una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid valorado en 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1,6 millones y vendido cuatro años después por 2,7 millones.
Este caso se suma a otras dos investigaciones abiertas contra el empresario en la Audiencia Nacional, todas vinculadas a presuntos fraudes diversos en el sector de los hidrocarburos entre 2016 y 2024.
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