La resistencia del Gobierno a señalar a Rabat por la crisis de Ceuta abre brecha en la mayoría parlamentaria, donde Podemos y PNV no descartan que el régimen alauí disponga de información sensible obtenida con el sistema Pegasus.
La cautela que muestra el Gobierno de España para atribuir a Marruecos la responsabilidad por la masiva entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes en Ceuta ha empezado a generar dudas dentro de su propia mayoría parlamentaria. Para algunos socios del Ejecutivo, la negativa del presidente Pedro Sánchez a responsabilizar al país vecino responde a un motivo que antes no consideraban y que ahora no descartan: que el régimen alauí podría estar en capacidad de «chantajear» al Gobierno español con información comprometedora obtenida en 2022 mediante el sistema Pegasus, tras interceptar teléfonos móviles de varios miembros del Ejecutivo, incluido el del presidente.
La hipótesis sobre el espionaje mediante este software había quedado casi exclusivamente asociada al Partido Popular y Vox, además de otros aliados conservadores como Junts, que en semanas recientes ha cuestionado directamente a los ministros «por dónde los tiene Marruecos controlados». Sin embargo, la persistente discreción de Moncloa en cuanto a la relación bilateral y la falta de una justificación sólida sobre su prudencia —incluso tras la publicación de documentos desclasificados que sugieren una actitud pasiva de las autoridades marroquíes durante los sucesos de Ceuta— han provocado que esta posibilidad tome protagonismo en la política nacional con la intervención de nuevos actores.
Creciente malestar y declaraciones de los aliados parlamentarios
La voz de los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados ha puesto en evidencia esta división. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, declaró que no tiene certeza absoluta de si Marruecos dispone de información comprometedora sobre miembros del Gobierno, aunque afirmó que «parece evidente que hay algo» y que el régimen alauí cuenta con un «poder» que le ha sido concedido por el Ejecutivo. De forma similar se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien durante la intervención de Sánchez en el Congreso cuestionó «qué le debe a Marruecos» y mencionó que Rabat «posee demasiada información sobre el presidente». Voces internas del partido aseguran que ambas dirigentes exponen «una cuestión de sentido común», destacando que la renuencia a señalar a Marruecos responde a que «lo están amparando».
Estas sospechas fueron reforzadas el domingo por el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien afirmó abiertamente que «Marruecos podría tener algo desconocido que incrementa la presión sobre el Gobierno español» y que, en consecuencia, podría estar «chantajeándolo», indicando que considera la posibilidad «no descartable». Desde el grupo parlamentario nacionalista se puntualiza que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ya había definido previamente la relación con Marruecos como «tormentosa», aunque Esteban profundizó al plantear la hipótesis del chantaje.
El resto de formaciones parlamentarias valoran la posición gubernamental desde distintas perspectivas. En Bildu se ha defendido que Moncloa actúa como un «pagafantas» de Marruecos. Por otro lado, en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se ejerce presión para que el PSOE responsabilice al régimen alauí por la entrada en Ceuta, aunque evitan detenerse en este tipo de «suposiciones». Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó al Ejecutivo de «pusilánime» y expuso dos posibles motivos para la exculpación a Rabat: uno, de carácter «conspiranoico» relacionado con la existencia de información comprometida, y otro basado en evitar un conflicto que consideran invencible.
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
Tanto la Moncloa como la sede del PSOE en Ferraz han tratado de detener cualquier especulación sobre la negociación con Rabat. En la primera reunión de la dirección del PSOE tras la crisis en Ceuta, este tema centró la discusión con el objetivo de poner fin a la crisis y evitar debates sobre responsabilidades políticas o señalar a quienes provocaron la situación.
En el ámbito institucional, Pedro Sánchez negó categóricamente en una entrevista a La Sexta que Marruecos le esté realizando ningún chantaje y calificó de «bulo» la existencia de datos obtenidos con Pegasus que comprometan al presidente. Aunque evitó confrontar directamente a los líderes de los partidos aliados, otros representantes del gobierno y del PSOE respondieron con mayor dureza. El ministro Óscar López expresó su «decepción» hacia Aitor Esteban y tachó de «intolerable» la difusión de lo que considera una «teoría conspirativa». Paralelamente, el líder del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ubicó las declaraciones del PNV dentro de una línea política de derechas y ultraderechas, reprochando a Esteban su inclinación a opinar sobre asuntos nacionales.
Fuentes internas del PSOE minimizan la dureza del discurso de sus socios y la atribuyen al contexto electoral, señalando que criticar a Marruecos «no tiene coste» y les permite marcar distancia pública sobre un tema sensible. Sin embargo, en las cúpulas del partido y del Gobierno preocupa que esta sospecha, que inicialmente solo provenía de la oposición, empiece a extenderse entre los grupos que sostienen la estabilidad parlamentaria.
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La cautela que muestra el Gobierno de España para atribuir a Marruecos la responsabilidad por la masiva entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes en Ceuta ha empezado a generar dudas dentro de su propia mayoría parlamentaria. Para algunos socios del Ejecutivo, la negativa del presidente Pedro Sánchez a responsabilizar al país vecino responde a un motivo que antes no consideraban y que ahora no descartan: que el régimen alauí podría estar en capacidad de «chantajear» al Gobierno español con información comprometedora obtenida en 2022 mediante el sistema Pegasus, tras interceptar teléfonos móviles de varios miembros del Ejecutivo, incluido el del presidente.
La hipótesis sobre el espionaje mediante este software había quedado casi exclusivamente asociada al Partido Popular y Vox, además de otros aliados conservadores como Junts, que en semanas recientes ha cuestionado directamente a los ministros «por dónde los tiene Marruecos controlados». Sin embargo, la persistente discreción de Moncloa en cuanto a la relación bilateral y la falta de una justificación sólida sobre su prudencia —incluso tras la publicación de documentos desclasificados que sugieren una actitud pasiva de las autoridades marroquíes durante los sucesos de Ceuta— han provocado que esta posibilidad tome protagonismo en la política nacional con la intervención de nuevos actores.
Creciente malestar y declaraciones de los aliados parlamentarios
La voz de los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados ha puesto en evidencia esta división. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, declaró que no tiene certeza absoluta de si Marruecos dispone de información comprometedora sobre miembros del Gobierno, aunque afirmó que «parece evidente que hay algo» y que el régimen alauí cuenta con un «poder» que le ha sido concedido por el Ejecutivo. De forma similar se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien durante la intervención de Sánchez en el Congreso cuestionó «qué le debe a Marruecos» y mencionó que Rabat «posee demasiada información sobre el presidente». Voces internas del partido aseguran que ambas dirigentes exponen «una cuestión de sentido común», destacando que la renuencia a señalar a Marruecos responde a que «lo están amparando».
Estas sospechas fueron reforzadas el domingo por el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien afirmó abiertamente que «Marruecos podría tener algo desconocido que incrementa la presión sobre el Gobierno español» y que, en consecuencia, podría estar «chantajeándolo», indicando que considera la posibilidad «no descartable». Desde el grupo parlamentario nacionalista se puntualiza que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ya había definido previamente la relación con Marruecos como «tormentosa», aunque Esteban profundizó al plantear la hipótesis del chantaje.
El resto de formaciones parlamentarias valoran la posición gubernamental desde distintas perspectivas. En Bildu se ha defendido que Moncloa actúa como un «pagafantas» de Marruecos. Por otro lado, en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se ejerce presión para que el PSOE responsabilice al régimen alauí por la entrada en Ceuta, aunque evitan detenerse en este tipo de «suposiciones». Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó al Ejecutivo de «pusilánime» y expuso dos posibles motivos para la exculpación a Rabat: uno, de carácter «conspiranoico» relacionado con la existencia de información comprometida, y otro basado en evitar un conflicto que consideran invencible.
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
Tanto la Moncloa como la sede del PSOE en Ferraz han tratado de detener cualquier especulación sobre la negociación con Rabat. En la primera reunión de la dirección del PSOE tras la crisis en Ceuta, este tema centró la discusión con el objetivo de poner fin a la crisis y evitar debates sobre responsabilidades políticas o señalar a quienes provocaron la situación.
En el ámbito institucional, Pedro Sánchez negó categóricamente en una entrevista a La Sexta que Marruecos le esté realizando ningún chantaje y calificó de «bulo» la existencia de datos obtenidos con Pegasus que comprometan al presidente. Aunque evitó confrontar directamente a los líderes de los partidos aliados, otros representantes del gobierno y del PSOE respondieron con mayor dureza. El ministro Óscar López expresó su «decepción» hacia Aitor Esteban y tachó de «intolerable» la difusión de lo que considera una «teoría conspirativa». Paralelamente, el líder del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ubicó las declaraciones del PNV dentro de una línea política de derechas y ultraderechas, reprochando a Esteban su inclinación a opinar sobre asuntos nacionales.
Fuentes internas del PSOE minimizan la dureza del discurso de sus socios y la atribuyen al contexto electoral, señalando que criticar a Marruecos «no tiene coste» y les permite marcar distancia pública sobre un tema sensible. Sin embargo, en las cúpulas del partido y del Gobierno preocupa que esta sospecha, que inicialmente solo provenía de la oposición, empiece a extenderse entre los grupos que sostienen la estabilidad parlamentaria.
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La hipótesis sobre el espionaje mediante este software había quedado casi exclusivamente asociada al Partido Popular y Vox, además de otros aliados conservadores como Junts, que en semanas recientes ha cuestionado directamente a los ministros «por dónde los tiene Marruecos controlados». Sin embargo, la persistente discreción de Moncloa en cuanto a la relación bilateral y la falta de una justificación sólida sobre su prudencia —incluso tras la publicación de documentos desclasificados que sugieren una actitud pasiva de las autoridades marroquíes durante los sucesos de Ceuta— han provocado que esta posibilidad tome protagonismo en la política nacional con la intervención de nuevos actores.
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La voz de los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados ha puesto en evidencia esta división. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, declaró que no tiene certeza absoluta de si Marruecos dispone de información comprometedora sobre miembros del Gobierno, aunque afirmó que «parece evidente que hay algo» y que el régimen alauí cuenta con un «poder» que le ha sido concedido por el Ejecutivo. De forma similar se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien durante la intervención de Sánchez en el Congreso cuestionó «qué le debe a Marruecos» y mencionó que Rabat «posee demasiada información sobre el presidente». Voces internas del partido aseguran que ambas dirigentes exponen «una cuestión de sentido común», destacando que la renuencia a señalar a Marruecos responde a que «lo están amparando».
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El resto de formaciones parlamentarias valoran la posición gubernamental desde distintas perspectivas. En Bildu se ha defendido que Moncloa actúa como un «pagafantas» de Marruecos. Por otro lado, en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se ejerce presión para que el PSOE responsabilice al régimen alauí por la entrada en Ceuta, aunque evitan detenerse en este tipo de «suposiciones». Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó al Ejecutivo de «pusilánime» y expuso dos posibles motivos para la exculpación a Rabat: uno, de carácter «conspiranoico» relacionado con la existencia de información comprometida, y otro basado en evitar un conflicto que consideran invencible.
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
Tanto la Moncloa como la sede del PSOE en Ferraz han tratado de detener cualquier especulación sobre la negociación con Rabat. En la primera reunión de la dirección del PSOE tras la crisis en Ceuta, este tema centró la discusión con el objetivo de poner fin a la crisis y evitar debates sobre responsabilidades políticas o señalar a quienes provocaron la situación.
En el ámbito institucional, Pedro Sánchez negó categóricamente en una entrevista a La Sexta que Marruecos le esté realizando ningún chantaje y calificó de «bulo» la existencia de datos obtenidos con Pegasus que comprometan al presidente. Aunque evitó confrontar directamente a los líderes de los partidos aliados, otros representantes del gobierno y del PSOE respondieron con mayor dureza. El ministro Óscar López expresó su «decepción» hacia Aitor Esteban y tachó de «intolerable» la difusión de lo que considera una «teoría conspirativa». Paralelamente, el líder del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ubicó las declaraciones del PNV dentro de una línea política de derechas y ultraderechas, reprochando a Esteban su inclinación a opinar sobre asuntos nacionales.
Fuentes internas del PSOE minimizan la dureza del discurso de sus socios y la atribuyen al contexto electoral, señalando que criticar a Marruecos «no tiene coste» y les permite marcar distancia pública sobre un tema sensible. Sin embargo, en las cúpulas del partido y del Gobierno preocupa que esta sospecha, que inicialmente solo provenía de la oposición, empiece a extenderse entre los grupos que sostienen la estabilidad parlamentaria.
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La hipótesis sobre el espionaje mediante este software había quedado casi exclusivamente asociada al Partido Popular y Vox, además de otros aliados conservadores como Junts, que en semanas recientes ha cuestionado directamente a los ministros «por dónde los tiene Marruecos controlados». Sin embargo, la persistente discreción de Moncloa en cuanto a la relación bilateral y la falta de una justificación sólida sobre su prudencia —incluso tras la publicación de documentos desclasificados que sugieren una actitud pasiva de las autoridades marroquíes durante los sucesos de Ceuta— han provocado que esta posibilidad tome protagonismo en la política nacional con la intervención de nuevos actores.
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La voz de los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados ha puesto en evidencia esta división. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, declaró que no tiene certeza absoluta de si Marruecos dispone de información comprometedora sobre miembros del Gobierno, aunque afirmó que «parece evidente que hay algo» y que el régimen alauí cuenta con un «poder» que le ha sido concedido por el Ejecutivo. De forma similar se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien durante la intervención de Sánchez en el Congreso cuestionó «qué le debe a Marruecos» y mencionó que Rabat «posee demasiada información sobre el presidente». Voces internas del partido aseguran que ambas dirigentes exponen «una cuestión de sentido común», destacando que la renuencia a señalar a Marruecos responde a que «lo están amparando».
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El resto de formaciones parlamentarias valoran la posición gubernamental desde distintas perspectivas. En Bildu se ha defendido que Moncloa actúa como un «pagafantas» de Marruecos. Por otro lado, en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se ejerce presión para que el PSOE responsabilice al régimen alauí por la entrada en Ceuta, aunque evitan detenerse en este tipo de «suposiciones». Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó al Ejecutivo de «pusilánime» y expuso dos posibles motivos para la exculpación a Rabat: uno, de carácter «conspiranoico» relacionado con la existencia de información comprometida, y otro basado en evitar un conflicto que consideran invencible.
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
Tanto la Moncloa como la sede del PSOE en Ferraz han tratado de detener cualquier especulación sobre la negociación con Rabat. En la primera reunión de la dirección del PSOE tras la crisis en Ceuta, este tema centró la discusión con el objetivo de poner fin a la crisis y evitar debates sobre responsabilidades políticas o señalar a quienes provocaron la situación.
En el ámbito institucional, Pedro Sánchez negó categóricamente en una entrevista a La Sexta que Marruecos le esté realizando ningún chantaje y calificó de «bulo» la existencia de datos obtenidos con Pegasus que comprometan al presidente. Aunque evitó confrontar directamente a los líderes de los partidos aliados, otros representantes del gobierno y del PSOE respondieron con mayor dureza. El ministro Óscar López expresó su «decepción» hacia Aitor Esteban y tachó de «intolerable» la difusión de lo que considera una «teoría conspirativa». Paralelamente, el líder del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ubicó las declaraciones del PNV dentro de una línea política de derechas y ultraderechas, reprochando a Esteban su inclinación a opinar sobre asuntos nacionales.
Fuentes internas del PSOE minimizan la dureza del discurso de sus socios y la atribuyen al contexto electoral, señalando que criticar a Marruecos «no tiene coste» y les permite marcar distancia pública sobre un tema sensible. Sin embargo, en las cúpulas del partido y del Gobierno preocupa que esta sospecha, que inicialmente solo provenía de la oposición, empiece a extenderse entre los grupos que sostienen la estabilidad parlamentaria.
