Este martes, el pleno de Estrasburgo examina los recientes ataques híbridos y el uso de migrantes en la ciudad autónoma en una sesión que contará con la presencia de la Comisión Europea y estará marcada por la presión de la oposición hacia el Gobierno central.
La crisis que afecta a Ceuta será tema de debate este martes en el Parlamento Europeo en una sesión oficial programada a partir de las 13:00 horas, que pondrá en primer plano la vulneración de la integridad territorial española. Los grupos políticos presentes en el pleno de Estrasburgo abordarán no solo el aspecto migratorio del conflicto, como indica el título oficial en la agenda de la Eurocámara: «Los recientes ataques híbridos y el uso de migrantes en Ceuta, y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». Intervendrán el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y representantes de la presidencia irlandesa del Consejo.
Los documentos internos de la asamblea comunitaria señalan que se pretende tratar la situación de Ceuta de manera integral. Se analizarán aspectos como el contexto geopolítico, la asistencia humanitaria, el control de las fronteras exteriores y la gestión migratoria. En el ámbito diplomático, el Gobierno de España evita señalar directamente al Reino de Marruecos, postura que difiere de la expresada en Bruselas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Este acusó a Rabat de intentar «asfixiar a Ceuta» y de perseguir desde hace tiempo «hostigar y derribar» la ciudad.
Solicitud de apoyo a la Unión Europea y acciones ambientales
Uno de los focos principales de la sesión se centra en la petición de ayuda a la Unión Europea, ya sea mediante la agencia Frontex o por iniciativas como la impulsada conjuntamente por Juan Jesús Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos han demandado en Bruselas un «trato específico» para Ceuta que facilite mayores ayudas o beneficios fiscales. Esta propuesta busca que las ciudades autónomas puedan equipararse en la práctica a las regiones ultrapereferiféricas de la UE —como es el caso de Canarias— aunque esta modificación requeriría una reforma de los Tratados comunitarios.
De manera paralela a las gestiones europeas, el Gobierno de Ceuta presentó el lunes una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para que se adopten «medidas urgentes» frente al fuerte impacto ambiental causado por la entrada masiva de migrantes irregulares. La Consejería de Medio Ambiente remitió varios requerimientos dirigidos a recuperar las áreas afectadas, frenar el deterioro y proteger la biodiversidad, el litoral, la masa forestal y las infraestructuras fundamentales. La administración local alerta sobre «riesgos ambientales y sanitarios» en puntos diversos de la costa, playas, espacios naturales y zonas verdes.
Ante la persistencia de la presión en la ciudad, el Ejecutivo central ha habilitado nuevos lugares para acoger a las personas que permanecen, como el muelle de Poniente, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido que se garanticen las condiciones adecuadas de seguridad. Mientras tanto, desde Moncloa informan que se están acelerando los procedimientos de retorno. La Comisión Europea ha recordado que la legislación comunitaria contempla un procedimiento acelerado para la devolución, aplicable también a menores no acompañados, estableciendo que estos deben ser entregados a sus familiares o tutores legales en su país de origen.
Tensiones políticas y misión de evaluación ‘in situ’
La gestión de esta crisis ha provocado un importante enfrentamiento político centrado en las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una concentración en Bruselas de apoyo a Ceuta celebrada recientemente, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, manifestaron que «se trata de una invasión y el Gobierno estaba al tanto», acusando al presidente del Ejecutivo de «traicionar a los ciudadanos españoles». Desde Vox solicitaron la «responsabilidad penal» de los miembros del Gabinete central; Buxadé describió lo sucedido como «precisamente un acto de invasión» y «una guerra híbrida promovida, coordinada y fomentada por Marruecos».
Por su parte, el Partido Popular ha pedido a nivel comunitario que España utilice «todos los instrumentos» que ofrece la Unión Europea para llevar a cabo el «retorno inmediato» de todos los migrantes, adultos y menores. En este sentido, la Comisión Europea junto con el Gobierno español se comprometieron a proveer a la ciudad autónoma de una mayor presencia de agentes de la agencia Frontex, con el fin, según palabras de Vivas, de «proteger reforzadamente» la frontera sur europea.
Como preparación para las resoluciones que se tomen en las instituciones europeas, se confirmó a finales de la semana pasada que el Parlamento Europeo enviará una misión oficial a Ceuta en febrero próximo para evaluar la situación in situ. Esta entrevista complementa las visitas realizadas en fechas recientes por funcionarios de la Comisión Europea, cuyos detalles y conclusiones aún no se han divulgado.
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La crisis que afecta a Ceuta será tema de debate este martes en el Parlamento Europeo en una sesión oficial programada a partir de las 13:00 horas, que pondrá en primer plano la vulneración de la integridad territorial española. Los grupos políticos presentes en el pleno de Estrasburgo abordarán no solo el aspecto migratorio del conflicto, como indica el título oficial en la agenda de la Eurocámara: «Los recientes ataques híbridos y el uso de migrantes en Ceuta, y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». Intervendrán el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y representantes de la presidencia irlandesa del Consejo.
Los documentos internos de la asamblea comunitaria señalan que se pretende tratar la situación de Ceuta de manera integral. Se analizarán aspectos como el contexto geopolítico, la asistencia humanitaria, el control de las fronteras exteriores y la gestión migratoria. En el ámbito diplomático, el Gobierno de España evita señalar directamente al Reino de Marruecos, postura que difiere de la expresada en Bruselas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Este acusó a Rabat de intentar «asfixiar a Ceuta» y de perseguir desde hace tiempo «hostigar y derribar» la ciudad.
Solicitud de apoyo a la Unión Europea y acciones ambientales
Uno de los focos principales de la sesión se centra en la petición de ayuda a la Unión Europea, ya sea mediante la agencia Frontex o por iniciativas como la impulsada conjuntamente por Juan Jesús Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos han demandado en Bruselas un «trato específico» para Ceuta que facilite mayores ayudas o beneficios fiscales. Esta propuesta busca que las ciudades autónomas puedan equipararse en la práctica a las regiones ultrapereferiféricas de la UE —como es el caso de Canarias— aunque esta modificación requeriría una reforma de los Tratados comunitarios.
De manera paralela a las gestiones europeas, el Gobierno de Ceuta presentó el lunes una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para que se adopten «medidas urgentes» frente al fuerte impacto ambiental causado por la entrada masiva de migrantes irregulares. La Consejería de Medio Ambiente remitió varios requerimientos dirigidos a recuperar las áreas afectadas, frenar el deterioro y proteger la biodiversidad, el litoral, la masa forestal y las infraestructuras fundamentales. La administración local alerta sobre «riesgos ambientales y sanitarios» en puntos diversos de la costa, playas, espacios naturales y zonas verdes.
Ante la persistencia de la presión en la ciudad, el Ejecutivo central ha habilitado nuevos lugares para acoger a las personas que permanecen, como el muelle de Poniente, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido que se garanticen las condiciones adecuadas de seguridad. Mientras tanto, desde Moncloa informan que se están acelerando los procedimientos de retorno. La Comisión Europea ha recordado que la legislación comunitaria contempla un procedimiento acelerado para la devolución, aplicable también a menores no acompañados, estableciendo que estos deben ser entregados a sus familiares o tutores legales en su país de origen.
Tensiones políticas y misión de evaluación ‘in situ’
La gestión de esta crisis ha provocado un importante enfrentamiento político centrado en las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una concentración en Bruselas de apoyo a Ceuta celebrada recientemente, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, manifestaron que «se trata de una invasión y el Gobierno estaba al tanto», acusando al presidente del Ejecutivo de «traicionar a los ciudadanos españoles». Desde Vox solicitaron la «responsabilidad penal» de los miembros del Gabinete central; Buxadé describió lo sucedido como «precisamente un acto de invasión» y «una guerra híbrida promovida, coordinada y fomentada por Marruecos».
Por su parte, el Partido Popular ha pedido a nivel comunitario que España utilice «todos los instrumentos» que ofrece la Unión Europea para llevar a cabo el «retorno inmediato» de todos los migrantes, adultos y menores. En este sentido, la Comisión Europea junto con el Gobierno español se comprometieron a proveer a la ciudad autónoma de una mayor presencia de agentes de la agencia Frontex, con el fin, según palabras de Vivas, de «proteger reforzadamente» la frontera sur europea.
Como preparación para las resoluciones que se tomen en las instituciones europeas, se confirmó a finales de la semana pasada que el Parlamento Europeo enviará una misión oficial a Ceuta en febrero próximo para evaluar la situación in situ. Esta entrevista complementa las visitas realizadas en fechas recientes por funcionarios de la Comisión Europea, cuyos detalles y conclusiones aún no se han divulgado.
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Los documentos internos de la asamblea comunitaria señalan que se pretende tratar la situación de Ceuta de manera integral. Se analizarán aspectos como el contexto geopolítico, la asistencia humanitaria, el control de las fronteras exteriores y la gestión migratoria. En el ámbito diplomático, el Gobierno de España evita señalar directamente al Reino de Marruecos, postura que difiere de la expresada en Bruselas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Este acusó a Rabat de intentar «asfixiar a Ceuta» y de perseguir desde hace tiempo «hostigar y derribar» la ciudad.
Solicitud de apoyo a la Unión Europea y acciones ambientales
Uno de los focos principales de la sesión se centra en la petición de ayuda a la Unión Europea, ya sea mediante la agencia Frontex o por iniciativas como la impulsada conjuntamente por Juan Jesús Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos han demandado en Bruselas un «trato específico» para Ceuta que facilite mayores ayudas o beneficios fiscales. Esta propuesta busca que las ciudades autónomas puedan equipararse en la práctica a las regiones ultrapereferiféricas de la UE —como es el caso de Canarias— aunque esta modificación requeriría una reforma de los Tratados comunitarios.
De manera paralela a las gestiones europeas, el Gobierno de Ceuta presentó el lunes una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para que se adopten «medidas urgentes» frente al fuerte impacto ambiental causado por la entrada masiva de migrantes irregulares. La Consejería de Medio Ambiente remitió varios requerimientos dirigidos a recuperar las áreas afectadas, frenar el deterioro y proteger la biodiversidad, el litoral, la masa forestal y las infraestructuras fundamentales. La administración local alerta sobre «riesgos ambientales y sanitarios» en puntos diversos de la costa, playas, espacios naturales y zonas verdes.
Ante la persistencia de la presión en la ciudad, el Ejecutivo central ha habilitado nuevos lugares para acoger a las personas que permanecen, como el muelle de Poniente, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido que se garanticen las condiciones adecuadas de seguridad. Mientras tanto, desde Moncloa informan que se están acelerando los procedimientos de retorno. La Comisión Europea ha recordado que la legislación comunitaria contempla un procedimiento acelerado para la devolución, aplicable también a menores no acompañados, estableciendo que estos deben ser entregados a sus familiares o tutores legales en su país de origen.
Tensiones políticas y misión de evaluación ‘in situ’
La gestión de esta crisis ha provocado un importante enfrentamiento político centrado en las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una concentración en Bruselas de apoyo a Ceuta celebrada recientemente, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, manifestaron que «se trata de una invasión y el Gobierno estaba al tanto», acusando al presidente del Ejecutivo de «traicionar a los ciudadanos españoles». Desde Vox solicitaron la «responsabilidad penal» de los miembros del Gabinete central; Buxadé describió lo sucedido como «precisamente un acto de invasión» y «una guerra híbrida promovida, coordinada y fomentada por Marruecos».
Por su parte, el Partido Popular ha pedido a nivel comunitario que España utilice «todos los instrumentos» que ofrece la Unión Europea para llevar a cabo el «retorno inmediato» de todos los migrantes, adultos y menores. En este sentido, la Comisión Europea junto con el Gobierno español se comprometieron a proveer a la ciudad autónoma de una mayor presencia de agentes de la agencia Frontex, con el fin, según palabras de Vivas, de «proteger reforzadamente» la frontera sur europea.
Como preparación para las resoluciones que se tomen en las instituciones europeas, se confirmó a finales de la semana pasada que el Parlamento Europeo enviará una misión oficial a Ceuta en febrero próximo para evaluar la situación in situ. Esta entrevista complementa las visitas realizadas en fechas recientes por funcionarios de la Comisión Europea, cuyos detalles y conclusiones aún no se han divulgado.
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La crisis que afecta a Ceuta será tema de debate este martes en el Parlamento Europeo en una sesión oficial programada a partir de las 13:00 horas, que pondrá en primer plano la vulneración de la integridad territorial española. Los grupos políticos presentes en el pleno de Estrasburgo abordarán no solo el aspecto migratorio del conflicto, como indica el título oficial en la agenda de la Eurocámara: «Los recientes ataques híbridos y el uso de migrantes en Ceuta, y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». Intervendrán el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y representantes de la presidencia irlandesa del Consejo.
Los documentos internos de la asamblea comunitaria señalan que se pretende tratar la situación de Ceuta de manera integral. Se analizarán aspectos como el contexto geopolítico, la asistencia humanitaria, el control de las fronteras exteriores y la gestión migratoria. En el ámbito diplomático, el Gobierno de España evita señalar directamente al Reino de Marruecos, postura que difiere de la expresada en Bruselas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Este acusó a Rabat de intentar «asfixiar a Ceuta» y de perseguir desde hace tiempo «hostigar y derribar» la ciudad.
Solicitud de apoyo a la Unión Europea y acciones ambientales
Uno de los focos principales de la sesión se centra en la petición de ayuda a la Unión Europea, ya sea mediante la agencia Frontex o por iniciativas como la impulsada conjuntamente por Juan Jesús Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos han demandado en Bruselas un «trato específico» para Ceuta que facilite mayores ayudas o beneficios fiscales. Esta propuesta busca que las ciudades autónomas puedan equipararse en la práctica a las regiones ultrapereferiféricas de la UE —como es el caso de Canarias— aunque esta modificación requeriría una reforma de los Tratados comunitarios.
De manera paralela a las gestiones europeas, el Gobierno de Ceuta presentó el lunes una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica para que se adopten «medidas urgentes» frente al fuerte impacto ambiental causado por la entrada masiva de migrantes irregulares. La Consejería de Medio Ambiente remitió varios requerimientos dirigidos a recuperar las áreas afectadas, frenar el deterioro y proteger la biodiversidad, el litoral, la masa forestal y las infraestructuras fundamentales. La administración local alerta sobre «riesgos ambientales y sanitarios» en puntos diversos de la costa, playas, espacios naturales y zonas verdes.
Ante la persistencia de la presión en la ciudad, el Ejecutivo central ha habilitado nuevos lugares para acoger a las personas que permanecen, como el muelle de Poniente, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido que se garanticen las condiciones adecuadas de seguridad. Mientras tanto, desde Moncloa informan que se están acelerando los procedimientos de retorno. La Comisión Europea ha recordado que la legislación comunitaria contempla un procedimiento acelerado para la devolución, aplicable también a menores no acompañados, estableciendo que estos deben ser entregados a sus familiares o tutores legales en su país de origen.
Tensiones políticas y misión de evaluación ‘in situ’
La gestión de esta crisis ha provocado un importante enfrentamiento político centrado en las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una concentración en Bruselas de apoyo a Ceuta celebrada recientemente, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, manifestaron que «se trata de una invasión y el Gobierno estaba al tanto», acusando al presidente del Ejecutivo de «traicionar a los ciudadanos españoles». Desde Vox solicitaron la «responsabilidad penal» de los miembros del Gabinete central; Buxadé describió lo sucedido como «precisamente un acto de invasión» y «una guerra híbrida promovida, coordinada y fomentada por Marruecos».
Por su parte, el Partido Popular ha pedido a nivel comunitario que España utilice «todos los instrumentos» que ofrece la Unión Europea para llevar a cabo el «retorno inmediato» de todos los migrantes, adultos y menores. En este sentido, la Comisión Europea junto con el Gobierno español se comprometieron a proveer a la ciudad autónoma de una mayor presencia de agentes de la agencia Frontex, con el fin, según palabras de Vivas, de «proteger reforzadamente» la frontera sur europea.
Como preparación para las resoluciones que se tomen en las instituciones europeas, se confirmó a finales de la semana pasada que el Parlamento Europeo enviará una misión oficial a Ceuta en febrero próximo para evaluar la situación in situ. Esta entrevista complementa las visitas realizadas en fechas recientes por funcionarios de la Comisión Europea, cuyos detalles y conclusiones aún no se han divulgado.
