El magistrado Antonio Piña juzga al exconsejero madrileño por supuestas irregularidades en la adjudicación de suelo público y en proyectos de Metro entre 2003 y 2011. La Fiscalía pide 42 años de cárcel.
MADRID. — El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha ordenado la apertura de juicio oral contra Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, y otras 40 personas. Este procedimiento judicial examina las supuestas irregularidades detectadas entre 2003 y 2011 en la concesión de parcelas públicas para la construcción de viviendas, así como en contratos relacionados con obras en distintas líneas del Metro de Madrid.
El auto de Piña coincide en fechas con la comparecencia de Granados —quien ejerció como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y fue secretario general del PP de Madrid— ante un tribunal de la Audiencia Nacional en otra causa derivada del amplio proceso conocido como trama Púnica.
Posibles irregularidades en suelo público y el Metro
Este procedimiento corresponde a la pieza número 8 del caso Púnica. La investigación judicial se centra en la gestión de Granados durante su mandato en la Comunidad de Madrid, analizando detalladamente las concesiones relacionadas con el desarrollo urbanístico y el transporte público regional.
En particular, el tribunal evaluará la presunta manipulación en la adjudicación de suelo público para promociones inmobiliarias y las irregularidades en la licitación y ejecución de obras en dos líneas del Metro de Madrid, además del trazado de un metro ligero en Boadilla del Monte. Junto a Granados, también figuran como acusados su antiguo colaborador, el empresario David Marjaliza, y Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL, así como una cuarentena de procesados entre funcionarios y empresarios.
Defensa y postura de inocencia en el juicio
Durante el juicio simultáneo que se ha desarrollado en estos días, Granados mantuvo una postura de negación rotunda ante las imputaciones por corrupción. En su declaración ante el tribunal, rechazó con firmeza haber organizado redes para amañar contratos municipales o regionales a cambio de beneficios ilegales.
Asimismo, negó las acusaciones que sostienen que ordenó la financiación indirecta de actos de campaña y eventos del Partido Popular regional mediante contratos públicos adjudicados a una empresa vinculada a un amigo personal.
Los demás acusados que acompañan a Granados en este proceso enfrentan cargos graves. Los delitos que serán juzgados incluyen prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y falsificación documental. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena total de 42 años de prisión para el principal imputado.
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Posibles irregularidades en suelo público y el Metro
Este procedimiento corresponde a la pieza número 8 del caso Púnica. La investigación judicial se centra en la gestión de Granados durante su mandato en la Comunidad de Madrid, analizando detalladamente las concesiones relacionadas con el desarrollo urbanístico y el transporte público regional.
En particular, el tribunal evaluará la presunta manipulación en la adjudicación de suelo público para promociones inmobiliarias y las irregularidades en la licitación y ejecución de obras en dos líneas del Metro de Madrid, además del trazado de un metro ligero en Boadilla del Monte. Junto a Granados, también figuran como acusados su antiguo colaborador, el empresario David Marjaliza, y Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL, así como una cuarentena de procesados entre funcionarios y empresarios.
Defensa y postura de inocencia en el juicio
Durante el juicio simultáneo que se ha desarrollado en estos días, Granados mantuvo una postura de negación rotunda ante las imputaciones por corrupción. En su declaración ante el tribunal, rechazó con firmeza haber organizado redes para amañar contratos municipales o regionales a cambio de beneficios ilegales.
Asimismo, negó las acusaciones que sostienen que ordenó la financiación indirecta de actos de campaña y eventos del Partido Popular regional mediante contratos públicos adjudicados a una empresa vinculada a un amigo personal.
Los demás acusados que acompañan a Granados en este proceso enfrentan cargos graves. Los delitos que serán juzgados incluyen prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y falsificación documental. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena total de 42 años de prisión para el principal imputado.
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MADRID. — El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha ordenado la apertura de juicio oral contra Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, y otras 40 personas. Este procedimiento judicial examina las supuestas irregularidades detectadas entre 2003 y 2011 en la concesión de parcelas públicas para la construcción de viviendas, así como en contratos relacionados con obras en distintas líneas del Metro de Madrid.
El auto de Piña coincide en fechas con la comparecencia de Granados —quien ejerció como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y fue secretario general del PP de Madrid— ante un tribunal de la Audiencia Nacional en otra causa derivada del amplio proceso conocido como trama Púnica.
Posibles irregularidades en suelo público y el Metro
Este procedimiento corresponde a la pieza número 8 del caso Púnica. La investigación judicial se centra en la gestión de Granados durante su mandato en la Comunidad de Madrid, analizando detalladamente las concesiones relacionadas con el desarrollo urbanístico y el transporte público regional.
En particular, el tribunal evaluará la presunta manipulación en la adjudicación de suelo público para promociones inmobiliarias y las irregularidades en la licitación y ejecución de obras en dos líneas del Metro de Madrid, además del trazado de un metro ligero en Boadilla del Monte. Junto a Granados, también figuran como acusados su antiguo colaborador, el empresario David Marjaliza, y Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL, así como una cuarentena de procesados entre funcionarios y empresarios.
Defensa y postura de inocencia en el juicio
Durante el juicio simultáneo que se ha desarrollado en estos días, Granados mantuvo una postura de negación rotunda ante las imputaciones por corrupción. En su declaración ante el tribunal, rechazó con firmeza haber organizado redes para amañar contratos municipales o regionales a cambio de beneficios ilegales.
Asimismo, negó las acusaciones que sostienen que ordenó la financiación indirecta de actos de campaña y eventos del Partido Popular regional mediante contratos públicos adjudicados a una empresa vinculada a un amigo personal.
Los demás acusados que acompañan a Granados en este proceso enfrentan cargos graves. Los delitos que serán juzgados incluyen prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y falsificación documental. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena total de 42 años de prisión para el principal imputado.
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