La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Guardia Civil un informe detallado sobre su actuación durante la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada pretende aclarar, entre otros aspectos, si el cuerpo recibió información anticipada que hubiera permitido prever lo sucedido.
Esta solicitud se enmarca dentro de las diligencias abiertas para determinar si el movimiento fue espontáneo o si estuvo motivado por una acción concertada o dirigida. La investigación también debe despejar el despliegue operativo, las labores de rescate efectuadas y las condiciones de las personas fallecidas y sobrevivientes.
Las cifras acerca del alcance de la crisis siguen siendo motivo de desacuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí.
La jueza solicita información sobre posibles avisos previos
En la providencia, Tardón requiere a la Guardia Civil que aporte datos sobre cualquier aviso recibido en los días anteriores que pudiera indicar una entrada conjunta a través de la frontera del Tarajal.
Esta petición cobra particular importancia tras las versiones contradictorias respecto a la existencia de alertas provenientes de los servicios de inteligencia e información.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que su departamento no recibió advertencias que anticiparan un episodio de esa envergadura. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que ciertos grupos y mensajes difundidos en redes sociales estaban bajo monitoreo antes del 30 de julio.
Será la investigación judicial la encargada de establecer qué datos tenían las autoridades, cuándo los recibieron y qué decisiones se tomaron en base a ellos.
Informe sobre el operativo y las labores de rescate
La magistrada también pide un relato detallado del operativo desplegado por los distintos efectivos de la Guardia Civil en Ceuta.
El informe debe centrarse especialmente en las intervenciones de rescate de personas localizadas en aguas territoriales españolas y describir sus condiciones personales, siempre que fueran conocidas por los agentes.
Respecto a los fallecidos, la jueza requiere información sobre la causa y la fecha aproximada del deceso. En cuanto a los supervivientes, solicita sus datos personales y la ubicación recopilada durante la actuación.
La Policía investiga si existió una acción coordinada
Esta semana, Tardón también solicitó información a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El propósito es esclarecer si la entrada masiva desde Marruecos fue organizada de manera coordinada y si detrás hubo algún grupo encargado de planificar o facilitar estos movimientos.
Las diligencias se iniciaron tras una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que pudieran ser identificadas en la investigación.
Dicha denuncia incluye presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Estas acusaciones se encuentran en una fase inicial y no implican que las personas o entidades investigadas hayan cometido los hechos denunciados.
La Audiencia tiene que decidir sobre su jurisdicción
La magistrada debe resolver si corresponde a la Audiencia Nacional encargarse de la investigación penal de todos los hechos descritos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal, considerando la naturaleza de los posibles delitos y la posible participación de autoridades o grupos ubicados fuera de España.
Mientras esta resolución no se adopte, las diligencias se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relativa a la respuesta durante la crisis.
Diferencias en las cifras sobre el número de personas que ingresaron
El Gobierno central estima que aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta durante la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, cerca de 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció una cifra distinta. En una entrevista en TVE, situó el total alrededor de 80.000 personas y calculó que unas 6.000 siguen dentro del territorio ceutí.
También existen discrepancias en los números de fallecidos, por lo que los informes forenses y policiales serán claves para establecer un recuento definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá esclarecer ahora si existieron avisos previos, cómo se organizó la respuesta y si la entrada masiva fue resultado de una actuación coordinada.
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Esta solicitud se enmarca dentro de las diligencias abiertas para determinar si el movimiento fue espontáneo o si estuvo motivado por una acción concertada o dirigida. La investigación también debe despejar el despliegue operativo, las labores de rescate efectuadas y las condiciones de las personas fallecidas y sobrevivientes.
Las cifras acerca del alcance de la crisis siguen siendo motivo de desacuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí.
La jueza solicita información sobre posibles avisos previos
En la providencia, Tardón requiere a la Guardia Civil que aporte datos sobre cualquier aviso recibido en los días anteriores que pudiera indicar una entrada conjunta a través de la frontera del Tarajal.
Esta petición cobra particular importancia tras las versiones contradictorias respecto a la existencia de alertas provenientes de los servicios de inteligencia e información.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que su departamento no recibió advertencias que anticiparan un episodio de esa envergadura. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que ciertos grupos y mensajes difundidos en redes sociales estaban bajo monitoreo antes del 30 de julio.
Será la investigación judicial la encargada de establecer qué datos tenían las autoridades, cuándo los recibieron y qué decisiones se tomaron en base a ellos.
Informe sobre el operativo y las labores de rescate
La magistrada también pide un relato detallado del operativo desplegado por los distintos efectivos de la Guardia Civil en Ceuta.
El informe debe centrarse especialmente en las intervenciones de rescate de personas localizadas en aguas territoriales españolas y describir sus condiciones personales, siempre que fueran conocidas por los agentes.
Respecto a los fallecidos, la jueza requiere información sobre la causa y la fecha aproximada del deceso. En cuanto a los supervivientes, solicita sus datos personales y la ubicación recopilada durante la actuación.
La Policía investiga si existió una acción coordinada
Esta semana, Tardón también solicitó información a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El propósito es esclarecer si la entrada masiva desde Marruecos fue organizada de manera coordinada y si detrás hubo algún grupo encargado de planificar o facilitar estos movimientos.
Las diligencias se iniciaron tras una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que pudieran ser identificadas en la investigación.
Dicha denuncia incluye presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Estas acusaciones se encuentran en una fase inicial y no implican que las personas o entidades investigadas hayan cometido los hechos denunciados.
La Audiencia tiene que decidir sobre su jurisdicción
La magistrada debe resolver si corresponde a la Audiencia Nacional encargarse de la investigación penal de todos los hechos descritos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal, considerando la naturaleza de los posibles delitos y la posible participación de autoridades o grupos ubicados fuera de España.
Mientras esta resolución no se adopte, las diligencias se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relativa a la respuesta durante la crisis.
Diferencias en las cifras sobre el número de personas que ingresaron
El Gobierno central estima que aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta durante la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, cerca de 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció una cifra distinta. En una entrevista en TVE, situó el total alrededor de 80.000 personas y calculó que unas 6.000 siguen dentro del territorio ceutí.
También existen discrepancias en los números de fallecidos, por lo que los informes forenses y policiales serán claves para establecer un recuento definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá esclarecer ahora si existieron avisos previos, cómo se organizó la respuesta y si la entrada masiva fue resultado de una actuación coordinada.
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Esta solicitud se enmarca dentro de las diligencias abiertas para determinar si el movimiento fue espontáneo o si estuvo motivado por una acción concertada o dirigida. La investigación también debe despejar el despliegue operativo, las labores de rescate efectuadas y las condiciones de las personas fallecidas y sobrevivientes.
Las cifras acerca del alcance de la crisis siguen siendo motivo de desacuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí.
La jueza solicita información sobre posibles avisos previos
En la providencia, Tardón requiere a la Guardia Civil que aporte datos sobre cualquier aviso recibido en los días anteriores que pudiera indicar una entrada conjunta a través de la frontera del Tarajal.
Esta petición cobra particular importancia tras las versiones contradictorias respecto a la existencia de alertas provenientes de los servicios de inteligencia e información.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que su departamento no recibió advertencias que anticiparan un episodio de esa envergadura. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que ciertos grupos y mensajes difundidos en redes sociales estaban bajo monitoreo antes del 30 de julio.
Será la investigación judicial la encargada de establecer qué datos tenían las autoridades, cuándo los recibieron y qué decisiones se tomaron en base a ellos.
Informe sobre el operativo y las labores de rescate
La magistrada también pide un relato detallado del operativo desplegado por los distintos efectivos de la Guardia Civil en Ceuta.
El informe debe centrarse especialmente en las intervenciones de rescate de personas localizadas en aguas territoriales españolas y describir sus condiciones personales, siempre que fueran conocidas por los agentes.
Respecto a los fallecidos, la jueza requiere información sobre la causa y la fecha aproximada del deceso. En cuanto a los supervivientes, solicita sus datos personales y la ubicación recopilada durante la actuación.
La Policía investiga si existió una acción coordinada
Esta semana, Tardón también solicitó información a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El propósito es esclarecer si la entrada masiva desde Marruecos fue organizada de manera coordinada y si detrás hubo algún grupo encargado de planificar o facilitar estos movimientos.
Las diligencias se iniciaron tras una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que pudieran ser identificadas en la investigación.
Dicha denuncia incluye presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Estas acusaciones se encuentran en una fase inicial y no implican que las personas o entidades investigadas hayan cometido los hechos denunciados.
La Audiencia tiene que decidir sobre su jurisdicción
La magistrada debe resolver si corresponde a la Audiencia Nacional encargarse de la investigación penal de todos los hechos descritos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal, considerando la naturaleza de los posibles delitos y la posible participación de autoridades o grupos ubicados fuera de España.
Mientras esta resolución no se adopte, las diligencias se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relativa a la respuesta durante la crisis.
Diferencias en las cifras sobre el número de personas que ingresaron
El Gobierno central estima que aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta durante la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, cerca de 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció una cifra distinta. En una entrevista en TVE, situó el total alrededor de 80.000 personas y calculó que unas 6.000 siguen dentro del territorio ceutí.
También existen discrepancias en los números de fallecidos, por lo que los informes forenses y policiales serán claves para establecer un recuento definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá esclarecer ahora si existieron avisos previos, cómo se organizó la respuesta y si la entrada masiva fue resultado de una actuación coordinada.
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Esta solicitud se enmarca dentro de las diligencias abiertas para determinar si el movimiento fue espontáneo o si estuvo motivado por una acción concertada o dirigida. La investigación también debe despejar el despliegue operativo, las labores de rescate efectuadas y las condiciones de las personas fallecidas y sobrevivientes.
Las cifras acerca del alcance de la crisis siguen siendo motivo de desacuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí.
La jueza solicita información sobre posibles avisos previos
En la providencia, Tardón requiere a la Guardia Civil que aporte datos sobre cualquier aviso recibido en los días anteriores que pudiera indicar una entrada conjunta a través de la frontera del Tarajal.
Esta petición cobra particular importancia tras las versiones contradictorias respecto a la existencia de alertas provenientes de los servicios de inteligencia e información.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que su departamento no recibió advertencias que anticiparan un episodio de esa envergadura. Sin embargo, otras informaciones apuntan a que ciertos grupos y mensajes difundidos en redes sociales estaban bajo monitoreo antes del 30 de julio.
Será la investigación judicial la encargada de establecer qué datos tenían las autoridades, cuándo los recibieron y qué decisiones se tomaron en base a ellos.
Informe sobre el operativo y las labores de rescate
La magistrada también pide un relato detallado del operativo desplegado por los distintos efectivos de la Guardia Civil en Ceuta.
El informe debe centrarse especialmente en las intervenciones de rescate de personas localizadas en aguas territoriales españolas y describir sus condiciones personales, siempre que fueran conocidas por los agentes.
Respecto a los fallecidos, la jueza requiere información sobre la causa y la fecha aproximada del deceso. En cuanto a los supervivientes, solicita sus datos personales y la ubicación recopilada durante la actuación.
La Policía investiga si existió una acción coordinada
Esta semana, Tardón también solicitó información a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El propósito es esclarecer si la entrada masiva desde Marruecos fue organizada de manera coordinada y si detrás hubo algún grupo encargado de planificar o facilitar estos movimientos.
Las diligencias se iniciaron tras una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, presuntos integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que pudieran ser identificadas en la investigación.
Dicha denuncia incluye presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Estas acusaciones se encuentran en una fase inicial y no implican que las personas o entidades investigadas hayan cometido los hechos denunciados.
La Audiencia tiene que decidir sobre su jurisdicción
La magistrada debe resolver si corresponde a la Audiencia Nacional encargarse de la investigación penal de todos los hechos descritos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia del tribunal, considerando la naturaleza de los posibles delitos y la posible participación de autoridades o grupos ubicados fuera de España.
Mientras esta resolución no se adopte, las diligencias se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relativa a la respuesta durante la crisis.
Diferencias en las cifras sobre el número de personas que ingresaron
El Gobierno central estima que aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta durante la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, cerca de 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció una cifra distinta. En una entrevista en TVE, situó el total alrededor de 80.000 personas y calculó que unas 6.000 siguen dentro del territorio ceutí.
También existen discrepancias en los números de fallecidos, por lo que los informes forenses y policiales serán claves para establecer un recuento definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá esclarecer ahora si existieron avisos previos, cómo se organizó la respuesta y si la entrada masiva fue resultado de una actuación coordinada.
