El juez José Luis Calama se hace cargo de la causa tras detectar posibles vínculos entre el rescate público y el blanqueo de dinero relacionado con corrupción venezolana.
La aerolínea Plus Ultra vuelve a situarse en el foco judicial de la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama ha asumido oficialmente la instrucción del caso tras la inhibición del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que consideró apropiado que la causa fuera atendida por un órgano con competencia para investigar delitos de mayor gravedad y alcance internacional.
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De un apoyo financiero a una presunta red de blanqueo
Inicialmente, la pesquisa se centraba en evaluar la legalidad de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, la investigación ha evolucionado hacia una posible operación de blanqueo de capitales a gran escala.
En 2024, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron indicios que sugieren que los fondos públicos no se emplearon exclusivamente para sostener la aerolínea. Se investiga la posible utilización de ese dinero para blanquear recursos procedentes de actos de corrupción en Venezuela, país con el que Plus Ultra mantiene operaciones principales.
Intervención policial y arrestos en la dirección
La investigación experimentó un avance considerable en diciembre de 2025 cuando la UDEF llevó a cabo una operación que impactó en la dirección de la aerolínea:
- Arrestos relevantes: Fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el director ejecutivo Roberto Roselli, además de un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez. Todos ellos fueron posteriormente liberados.
- Registros en las oficinas: Se incautó abundante documentación fiscal en la sede central de la empresa. El análisis posterior de estos documentos ha confirmado que la causa requiere la competencia de un juzgado especializado.
El juez Calama asume la dirección bajo reserva de la causa
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, sustituye al magistrado Ismael Moreno, quien declinó intervenir en este proceso. En su primer auto, Calama ha decretado dos medidas claves:
- Solicitar formalmente el traslado de todas las actuaciones desde el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
- Establecer el secreto de las diligencias, una medida excepcional destinada a salvaguardar la investigación y evitar la posible destrucción de pruebas mientras se examinan las dimensiones internacionales del caso.
Esta decisión judicial reactiva una causa que había sido archivada inicialmente por la justicia madrileña, pero que ha tomado nuevo impulso al relacionarse los fondos públicos con rutas de dinero ilícito procedente del exterior.
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