La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha decidido retomar la investigación relacionada con la supuesta venta de una menor de 14 años por 5.000 euros para concertar su matrimonio en Mollerussa, un municipio de Lleida. El tribunal considera indispensable llevar a cabo nuevas diligencias de instrucción debido a la existencia de indicios que apuntan a la posible comisión de delitos.
Esta resolución se produce tras aceptar el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento provisional emitido el pasado 6 de noviembre por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Tudela, que había ordenado el cierre temporal del caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) informó que la Audiencia considera que el sobreseimiento fue «prematuro» y que existen razones suficientes para continuar con la investigación. Según la Sala, la menor habría sido entregada en enero de 2025 por sus padres a otro matrimonio con el propósito de sellar su boda con el hijo de dicha familia, de 21 años.
La joven fue localizada posteriormente en la casa de la familia investigada en Mollerussa. Además, el tribunal destaca indicios que sugieren que la menor podría haber sido forzada a mendigar e incluso a involucrarse en actividades delictivas. En particular, se menciona que fue identificada por los Mossos d’Esquadra el 9 de septiembre de 2025 en Bellpuig, donde estaba pidiendo dinero, y nuevamente el 4 de octubre en Les Borges Blanques.
En ambas situaciones, fue recogida por los investigados, quienes comunicaron a los agentes que eran parientes y que la menor vivía con ellos debido a la carga laboral de sus progenitores, residentes en Zaragoza. A pesar de mostrar una partida de nacimiento y asegurar que la menor estudiaba en la zona, la resolución judicial confirma que no estaba matriculada en ningún centro educativo.
La Audiencia subraya que la escolarización es un derecho y obligación legal, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, responsabilidades penales para los padres y medidas civiles como la suspensión de la patria potestad o la declaración de desamparo.
El tribunal también señala que en el atestado policial hay fotografías entregadas por un testigo que muestran a la menor junto a su presunto esposo y a los padres de este durante la celebración del matrimonio. Asimismo, indica que el hecho de que la menor no se autodefina como víctima en su declaración no elimina la posibilidad de que lo sea.
Ante lo que considera un «riesgo evidente» para la menor, la Audiencia aprecia indicios de delitos de trata de personas y coacciones relacionados con un posible matrimonio forzado y una transacción económica. Por ello, concluye que el archivo del caso no era apropiado y confirma la medida de alejamiento ya establecida.
Entre las diligencias ordenadas figura la declaración de un testigo que habría sido amenazado por el entorno familiar de la menor y que proporcionó información relevante, incluidas fotografías del presunto enlace, detalles sobre el precio de la entrega y datos sobre la ubicación de la joven. También se solicitarán informes a los Mossos d’Esquadra y a los servicios sociales de Corella, localidad navarra donde residía la menor, con el fin de evaluar la situación familiar y social.
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