La huelga iniciada por jueces y fiscales comenzó sin que el Ministerio de Justicia haya podido realizar los descuentos en las nóminas de quienes participen en la protesta.
El Ministerio, bajo responsabilidad del Gobierno, requirió oficialmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía los datos necesarios para efectuar dichas deducciones, sin recibir respuesta alguna de ambas entidades.
Esta ausencia de información impide aplicar los descuentos en los salarios de los profesionales que secundan el paro, generando dudas en el Ejecutivo acerca de la efectividad de sus controles. El conflicto laboral surge en el contexto de demandas por mejoras salariales y condiciones de trabajo que los colectivos profesionales mantienen desde hace meses.
Desde el Ministerio de Justicia expresan su inquietud por la falta de cooperación institucional y aseguran que continuarán insistiendo para obtener los datos que les permitan actuar conforme a la normativa vigente.
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