Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado un nuevo revés al Gobierno de Pedro Sánchez al rechazar la senda de déficit que proponía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta medida, considerada el primer trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, fue tumbada con 178 votos en contra, entre ellos los de Junts, PP, Vox y UPN. A favor votaron 164 diputados y hubo cinco abstenciones, entre ellas algunos de Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó, quien ahora forma parte del Grupo Mixto.
El papel de Junts, el partido catalán que mantiene una postura de obstrucción al Ejecutivo de Sánchez, fue crucial para que la senda de déficit no saliera adelante. De haberse abstenido, la aprobación habría sido posible. No obstante, el Gobierno no buscó respaldos adicionales en el último momento, dejando a Sánchez con escasas opciones para modificar el desenlace.
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Este rechazo se produce en un contexto político tenso, ya que en paralelo el Congreso sigue atento a la situación judicial del exministro socialista José Luis Ábalos, quien presta declaración en el Tribunal Supremo en un proceso que podría acarrearle prisión. Ábalos, que fue el número dos del PSOE, no participó en la votación, incrementando la incertidumbre política de la sesión.
Aunque la derrota ha sido clara, fuentes gubernamentales habían anticipado que la votación estaba prácticamente perdida desde el inicio de la semana. El año pasado, el Ejecutivo desistió de presentar los Presupuestos tras el rechazo de la senda de déficit. En esta ocasión, a pesar del revés, María Jesús Montero afirmó que mantendrá la intención de presentar las cuentas para 2026. Sin embargo, el calendario parlamentario impedirá hacerlo antes de ese año, por lo que el Gobierno seguirá utilizando los Presupuestos de 2023, aprobados en 2022, durante todo el próximo periodo.
Desde Moncloa expresaron su pesar por la decisión del Congreso, subrayando que esta votación afecta negativamente a las comunidades autónomas, que perderán 5.485 millones de euros de margen fiscal destinados a financiar servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. El Ejecutivo responsabilizó al PP por votar en contra, acusándolos de priorizar intereses políticos antes que el bienestar de las regiones que gobiernan.
Aunque el rechazo a la senda de déficit no cierra la puerta a la presentación de los Presupuestos, certifica las dificultades crecientes para Sánchez de sumar una mayoría parlamentaria sólida. Sin el apoyo de Junts y con la oposición constante de PP y Vox, el Gobierno enfrenta una crisis de gobernabilidad que podría prolongarse hasta entrado 2026, poniendo en duda el escenario económico del país.
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