La tensión entre Junts per Catalunya y el poder judicial vuelve a escalar. El partido independentista ha expresado su creciente malestar ante lo que considera un “rearme judicial” destinado a obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía, en especial en el caso del expresident Carles Puigdemont.
Desde la formación, se lanzaron duros reproches contra el estamento judicial, al que acusan de actuar con motivaciones políticas para frenar la normalización del conflicto catalán. Este clima de desconfianza ha llevado a Junts a emitir nuevas advertencias al Gobierno central, instándolo a garantizar la plena aplicación de la amnistía pactada, sin interferencias ni dilaciones.
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Fuentes del partido denuncian que sectores de la justicia estarían intensificando maniobras para evitar que Puigdemont y otros líderes independentistas se beneficien de la medida, acordada como parte de los compromisos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.
El tono cada vez más crítico de Junts evidencia el delicado equilibrio sobre el que se sostiene el respaldo parlamentario al Ejecutivo, que necesita del apoyo independentista para mantener su estabilidad en el Congreso. La situación podría tensarse aún más si se percibe que el Gobierno no actúa con firmeza ante lo que Junts califica como un “boicot judicial encubierto”.
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