La crisis migratoria ocurrida recientemente en Ceuta ha situado nuevamente en el centro de atención uno de los temas más delicados en la Unión Europea: cómo actuar con las personas a las que se les ordena la expulsión y en qué medida puede delegarse parte de esta gestión a países terceros.
Italia y Dinamarca han pedido avanzar en la creación de centros de retorno fuera del espacio comunitario, una iniciativa similar al modelo promovido por el Gobierno italiano en Albania, aunque el marco europeo actual permite implementar mecanismos distintos y más amplios.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, en un comunicado conjunto, resaltaron la importancia de fortalecer las políticas de retorno y evitar lo que describen como “una inmigración sin control”.
Italia y Dinamarca solicitan centros de retorno en países terceros
A pesar de provenir de corrientes políticas diferentes, Meloni y Frederiksen coinciden en exigir una política migratoria europea que ponga más énfasis en el control fronterizo y en las devoluciones.
Ambas líderes opinan que la UE debería avanzar hacia acuerdos con países externos para crear instalaciones destinadas a personas que tengan una decisión definitiva de retorno.
Esta propuesta ha ganado relevancia en el debate comunitario tras los sucesos en Ceuta y la entrada en vigor del nuevo marco europeo de migración y asilo.
Qué se entiende por centros de retorno
La idea consiste en trasladar a ciertos migrantes con una orden de expulsión a centros situados en países fuera de la Unión Europea.
Para esto, es imprescindible que exista un acuerdo previo entre las partes y que se respeten las garantías contempladas en la legislación europea y el Derecho internacional.
Entre estas garantías destaca el principio de no devolución, que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros riesgos graves.
El modelo incluye también protecciones particulares para colectivos vulnerables y excluye casos como los menores no acompañados.
La UE intensifica su política de retornos
El debate sobre estos centros forma parte de una renovación más amplia de la política migratoria europea.
El nuevo sistema busca agilizar las expulsiones, mejorar la eficacia de los retornos y reducir la cantidad de personas que permanecen en la UE tras recibir una decisión definitiva de salida.
También se contempla extender los periodos de detención administrativa en ciertos casos y aplicar prohibiciones de entrada más duraderas a quienes hayan sido expulsados.
Estas propuestas han generado discusión entre quienes consideran que la Unión requiere herramientas más efectivas y quienes alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos fundamentales.
El Pacto Europeo modifica la gestión fronteriza
El Pacto de Migración y Asilo se empezó a elaborar en 2020 y fue ratificado en 2024 después de prolongadas negociaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
Su finalidad es establecer normativas comunes desde la llegada de personas a las fronteras hasta la decisión sobre su protección internacional o retorno.
Entre sus componentes clave están controles fronterizos más ágiles, procesos acelerados para asilo y mecanismos de solidaridad entre países miembros.
La UE busca con ello evitar que las naciones en las fronteras exteriores asuman por sí solas la mayor presión migratoria.
Procedimientos acelerados en las fronteras externas
El modelo establece controles próximos a las fronteras exteriores para verificar con rapidez la identidad y situación de las personas que arriban.
También se procura identificar posibles riesgos para la seguridad o salud y definir si procede tramitar una solicitud de protección internacional.
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UNIRME GRATIS AL CANALEn ciertos casos, las solicitudes de asilo podrán ser tramitadas mediante procedimientos más breves.
Se incluye la figura del “tercer país seguro”, que permite evaluar si una persona puede ser trasladada a otro Estado donde, conforme a las garantías, no enfrenta amenazas de persecución o peligro.
Diecinueve países han solicitado apoyo para estos centros
Según la información disponible, 19 Estados miembros han solicitado a la Comisión Europea respaldo para desarrollar infraestructuras de retorno fuera del territorio de la UE.
Bruselas ha manifestado su disposición a examinar propuestas bien desarrolladas, aunque la iniciativa debe partir de los propios países.
Los aspectos financieros, legales y diplomáticos serán determinantes para que estos proyectos puedan ejecutarse.
El modelo albanés de Meloni continúa bloqueado
Italia intentó ya implementar un sistema parecido mediante un acuerdo de 2023 con Albania.
El Gobierno italiano construyó dos centros: uno en Shëngjin para recepción e identificación y otro en Gjadër para procesos acelerados.
El acuerdo estaba dirigido principalmente a hombres adultos interceptados en el Mediterráneo provenientes de países considerados seguros, siempre que no tuvieran vulnerabilidades especiales.
No obstante, la operación de estos centros enfrenta obstáculos judiciales y su actividad es muy limitada.
Los tribunales ponen en duda aspectos del sistema italiano
Las sentencias judiciales han cuestionado algunos criterios usados para determinar qué países son seguros y bajo qué condiciones puede aplicarse el procedimiento acelerado.
El modelo está a la espera de diversas resoluciones judiciales, incluyendo asuntos vinculados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso italiano refleja las complejidades legales asociadas a la transferencia de parte de la gestión migratoria europea a terceros países.
Italia planea extender el modelo a África
A pesar de los problemas en Albania, el Gobierno de Meloni busca continuar explorando nuevos acuerdos.
El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha planteado la posibilidad de crear centros en países africanos de origen o tránsito.
En las conversaciones se incluyen países como Uganda, Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania y Egipto, aunque que existan contactos no implica que haya acuerdos definitivos.
La propuesta italiana aspira a que estos centros sean una pieza estable en la política europea de retornos.
Los críticos advierten sobre una externalización de responsabilidades
La creación de instalaciones fuera de la UE ha recibido duras críticas de expertos en derechos humanos y de ciertos grupos políticos europeos.
La profesora de Derecho Internacional María Teresa Gil Bazo señala que enviar personas a países sin vínculos puede dificultar el control de sus condiciones y reducir las garantías.
Los críticos consideran que este sistema podría suponer una externalización de la política migratoria europea hacia países con estándares legales y administrativos distintos.
Sus defensores sostienen que Europa requiere nuevas herramientas
Quienes apoyan el modelo argumentan que la UE necesita mecanismos eficientes para poner en práctica las órdenes de expulsión.
Indican que uno de los problemas actuales es la diferencia entre las personas con una orden de retorno y las que efectivamente salen de la Unión Europea.
Desde esta visión, los centros en terceros países serían un complemento adicional, no un reemplazo de los sistemas de asilo ni las políticas de integración.
Ceuta reactiva el debate migratorio en Europa
La reciente crisis ocurrida en Ceuta ha reforzado los argumentos de los gobiernos que piden un endurecimiento de las políticas comunitarias.
Italia y Dinamarca insisten en la importancia de intensificar los retornos, mientras otros sectores subrayan que cualquier respuesta debe respetar los derechos fundamentales, garantías judiciales y las obligaciones internacionales de protección.
El debate se perfila como uno de los principales temas políticos para la Unión Europea en los próximos meses: cómo fortalecer las fronteras y aumentar los retornos sin comprometer las garantías establecidas en el marco jurídico europeo.
