Un equipo de investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada alertan sobre la significativa presencia de metales pesados en el estuario del Guadalquivir, una zona de gran valor ambiental y económico.
Jesús Castillo, Catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, señala que las autorizaciones para vertidos provenientes de actividades mineras carecen de un respaldo científico robusto, lo que implica que se conceden sin un análisis claro de sus impactos en el ecosistema.
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El estudio revela que metales como el cinc, cadmio y arsénico no se disuelven completamente en el agua, contrariamente a lo que algunas minas sostienen. Por el contrario, estos metales se acumulan en los sedimentos y pueden ingresar a la cadena alimentaria.
Entre los datos más preocupantes figura que aproximadamente un 30% de las muestras de albures, un tipo de pez, presentan niveles de plomo que exceden los límites permitidos por la Unión Europea.
Los investigadores también indican que la Junta de Andalucía ha aprobado dos nuevos vertidos controlados que, de implementarse, podrían incrementar la contaminación en el estuario hasta diez veces, poniendo en riesgo tanto la salud de los ecosistemas como la de la población local.
Desde la Junta, la Consejería de Industria, Energía y Minas afirma que todas las autorizaciones cuentan con informes que avalan el cumplimiento de la normativa ambiental, y que existe un seguimiento especial para proteger el entorno.
Para abordar la situación, el alcalde de Chipiona ha informado que el ayuntamiento encargó un estudio independiente que detectó un aumento notable de arsénico en los moluscos típicos de la costa local.
Además, varios alcaldes de municipios cercanos al Guadalquivir, junto a organizaciones ecologistas y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, solicitan a la Junta una suspensión temporal de las nuevas licencias mineras y la creación de un comité de expertos para evaluar el estado del estuario.
La investigadora Remedios Cabrera, de la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz, destaca la importancia de conservar este ecosistema, advirtiendo que la contaminación podría propagarse hacia el Mediterráneo y el Mar de Alborán, agravando la problemática regional.
Por su parte, las minas implicadas, como Mina Las Cruces y Mina Los Frailes, niegan las acusaciones de contaminación. Ambas citan un estudio reciente de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla que concluye que sus actividades no han provocado impactos negativos significativos en el estuario.
Este informe señala que las concentraciones de metales en el agua se mantienen por debajo de los niveles de referencia ambiental. Asimismo, las minas aseguran cumplir con todas las normativas aplicables para la protección ambiental.
La Junta reafirma que las autorizaciones de vertido garantizan el respeto de los límites legales establecidos para cualquier actividad, ya sea agrícola, residencial o industrial, y que ningún proyecto minero puede desarrollarse sin la correspondiente autorización ambiental favorable.
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