El informe anual señala un aumento en la letalidad de las intervenciones policiales, sumando un total de 77 decesos en los últimos seis años.
MADRID – El Ministerio del Interior ha difundido los datos oficiales sobre fallecimientos ocurridos durante actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el último año. De acuerdo con el informe, en 2025 se registraron 22 muertes en intervenciones policiales, lo que representa el número más alto en los seis años recientes y muestra una tendencia creciente que ha llamado la atención de expertos y organizaciones de derechos humanos.
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Este dato sitúa en 77 el total de víctimas fatales desde 2020, evidenciando un aumento significativo tras varios años de relativa estabilidad en las estadísticas sobre incidentes fatales en operaciones policiales.
Análisis de los datos
Según el desglose que ofrece el balance del Ministerio, la evolución durante el último sexenio ha sido irregular:
| Año | Fallecidos en intervenciones policiales |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 22 |
El incremento registrado en 2025 supone un aumento próximo al 46% en comparación con el año anterior, conformando una tendencia al alza que el Ministerio atribuye a múltiples factores, entre ellos la mayor complejidad de las intervenciones ante perfiles delictivos más agresivos y dificultades para manejar adecuadamente situaciones de salud mental durante las detenciones.
Contexto de las intervenciones
El informe no detalla cada caso en particular debido a la confidencialidad y a procesos judiciales en curso. Sin embargo, Interior informa que la mayoría de estos hechos ocurren en tres circunstancias principales:
- Enfrentamientos armados durante operaciones contra el crimen organizado o actos terroristas.
- Reducciones de personas en estado de agitación o bajo influencia de sustancias, que llevan a paradas cardiorrespiratorias.
- Intentos de fuga que culminan con resultados fatales en persecuciones policiales.
Reacciones y transparencia
La divulgación de estas cifras coincide con un debate sobre la implementación generalizada de cámaras corporales (bodycams) en todos los cuerpos policiales. Los sindicatos defienden que estos dispositivos proporcionarían «seguridad jurídica» tanto para los agentes como para la población, permitiendo verificar con claridad si se siguieron los protocolos de proporcionalidad.
Por su parte, varias asociaciones han manifestado su inquietud respecto al «uso de la fuerza letal» y solicitan una revisión de los procedimientos, especialmente en casos relacionados con crisis psiquiátricas, para fomentar métodos de desescalada menos agresivos.
El Ministerio del Interior destaca que cada uno de estos 22 episodios está siendo investigado internamente de oficio y que, en la mayoría de los casos, también se llevan a cabo procesos judiciales para comprobar la legalidad de las actuaciones policiales.
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