Mediante tratamientos como electroshocks y comas insulínicos, el régimen reprimía la disidencia sexual femenina en instituciones religiosas y psiquiátricas. Las mujeres que sobrevivieron reclaman verdad, justicia y reparación.
MADRID– El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), una de las entidades más reservadas de la dictadura franquista destinada a supervisar la moral femenina, empleó hospitales psiquiátricos para recluir y aplicar terapias de choque a mujeres lesbianas. Así lo expone la historiadora Carmen Guillén en la cuarta edición de su libro ‘Redimir y adoctrinar: el Patronato de Protección a la mujer’, una investigación que pone en evidencia los métodos represivos aplicados a miles de jóvenes catalogadas como rebeldes o «desviadas».
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El Patronato, que era gestionado a diario por congregaciones religiosas distribuidas por toda España, operaba como un riguroso mecanismo de control moral. Guillén explica que este sistema «penalizaba toda disidencia frente al modelo femenino sumiso y respetable, centrado en el ámbito doméstico». Cualquier joven que vulnerara las reglas establecidas podía ser internada tras la denuncia de una autoridad, un familiar o un particular.
La vida dentro de estos centros se caracterizaba por el «silencio, la oración y trabajos forzados» en talleres. Los periodos habituales de internamiento oscilaban entre seis meses y dos años, aunque se podían prolongar hasta seis años si las internas escapaban y eran recapturadas.
El escenario más problemático para el régimen
Entre los perfiles perseguidos, las mujeres homosexuales representaban «todo lo que el sistema intentaba evitar», indica la historiadora. Su orientación afectiva hacia otras mujeres desafiaba completamente los principios imperantes. Por ello, una vez identificadas como lesbianas en el Patronato, eran trasladadas a áreas específicas de hospitales psiquiátricos como los de Ciempozuelos (Madrid) —que contaba con el ala llamada «las patronatas»— o Arévalo (Ávila).
Consuelo García del Cid, superviviente y autora de ‘Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer’, afirma que la intensidad de la represión dependía de la congregación religiosa responsable. En el reformatorio de las Adoratrices en Madrid, del que huyó en 1976, describe la persecución como «extrema». Estaba prohibido cualquier tipo de relación afectiva, pues las monjas interpretaban cualquier muestra de cariño como indicio de lesbianismo.
En los psiquiátricos, aunque las internas contaban con habitaciones individuales y no estaban encadenadas, eran sometidas a experimentos médicos. «Recibían electroshocks y comas insulínicos que les dejaban muy afectadas», rememora García del Cid, basándose en documentación confidencial recibida anónimamente. Esta percepción coincide con la activista Paca Blanco, quien estuvo internada en centros como Villalba y Peña Grande y observó cómo los tratamientos y electroshocks debilitaban gravemente a las jóvenes.
Diferencias entre centros y formas de resistencia
La experiencia de las internas varió según la región. A diferencia de Madrid, García del Cid subraya que en el centro del Buen Pastor en Barcelona existía cierta libertad donde a las lesbianas «las dejaban tranquilas». Allí, las internas no llevaban uniforme y las jóvenes homosexuales se mostraban abiertamente. «En ese centro se concentraban jóvenes fugadas de toda España y el nivel de rebeldía era elevado», añade, destacando que la rigidez de las normas en dicho ámbito provocó motines.
Los abusos cometidos bajo esta institución contra mujeres de entre 16 y 25 años incluyeron celdas de castigo, aislamiento, trabajos no remunerados para empresas ajenas, suicidios, adopciones forzadas y el robo de bebés a madres solteras. Determinar el número exacto de afectadas sigue siendo imposible dado que los archivos de las congregaciones religiosas permanecen privados.
Un desenlace trágico y la demanda de reparación
La desaparición del Patronato de Protección a la Mujer se aceleró en 1983 tras la muerte de Inmaculada Valderrama. A sus 15 años, la joven se suicidó lanzándose desde una ventana del reformatorio de San Fernando de Henares (Madrid), desencadenando el cierre final del sistema en 1985.
Aunque este año se reconoció como víctimas a 53 mujeres vinculadas a esta institución, las asociaciones de supervivientes e historiadores sostienen que la cifra real es mayor. Exigen la inclusión explícita de todas las afectadas en la ley de memoria histórica para asegurar su derecho a una compensación económica que les permita vivir con dignidad.
Para dar visibilidad y preservar la memoria de estas mujeres, en noviembre próximo se estrenará la película ‘Ruega por nosotras’, dirigida por Daniel Monzón.
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