El anteproyecto transpone una directiva europea de 2022 y busca blindar sectores estratégicos frente a amenazas
El Ministerio del Interior ha presentado un anteproyecto de ley que endurece las medidas de control sobre los trabajadores que operan en infraestructuras críticas, como parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional ante posibles amenazas. Esta iniciativa legislativa responde a la necesidad de transponer una directiva europea aprobada en 2022, que establece nuevos estándares para la protección de servicios esenciales en todos los Estados miembros.
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La futura normativa afectará a sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, el transporte o el suministro de agua, y contempla un mayor escrutinio sobre el personal que trabaja en estas áreas, con el objetivo de prevenir riesgos internos y garantizar la resiliencia operativa ante posibles ataques físicos, cibernéticos o híbridos.
Fuentes del Ministerio han señalado que el texto busca “adaptar el marco jurídico nacional a las nuevas exigencias de seguridad europea”, y que incorpora procedimientos más estrictos de evaluación, control y supervisión del personal, sin vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.
El anteproyecto abre ahora un periodo de consulta pública antes de su tramitación parlamentaria, durante el cual se espera recoger aportaciones de empresas, sindicatos y expertos en seguridad. Con esta ley, el Gobierno pretende elevar los estándares de protección en un contexto internacional marcado por la creciente sofisticación de las amenazas a infraestructuras vitales para el funcionamiento del país.
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