El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar “investigando” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en lo que califican como un intento de “intimidación” a las fuerzas de seguridad del Estado. La acusación surge tras conocerse la reunión entre una supuesta «fontanera» socialista —persona vinculada al PSOE pero sin cargo público reconocido— y un empresario sobre el que pesa una petición fiscal de 89 años de prisión.
Los populares han exigido explicaciones al Ejecutivo y han calificado la situación como “gravísima”, asegurando que se estaría produciendo una injerencia política en investigaciones policiales de alto nivel. Según el PP, esta reunión pone en entredicho la separación de poderes y despierta sospechas sobre posibles maniobras para condicionar procedimientos judiciales abiertos.
Desde el PSOE, las acusaciones han sido rechazadas “categóricamente”. Fuentes del partido han asegurado que “en ningún caso se ha dado orden ni indicación alguna para investigar a la UCO” y han tildado la denuncia del PP de “maniobra de distracción” ante los avances en causas judiciales que afectan a figuras del entorno conservador.
El cruce de acusaciones ha elevado la tensión política en un contexto ya marcado por la polarización. Mientras tanto, desde la Fiscalía se ha evitado hacer comentarios sobre la supuesta reunión o sus implicaciones.
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