Al menos dos denuncias han sido presentadas formalmente por abusos a niñas de entre tres y siete años. El Ayuntamiento ha repudiado los hechos, brinda apoyo psicológico a las familias involucradas y está considerando su participación en el proceso judicial.
ARROYOMOLINOS (MADRID). — La Guardia Civil ha comenzado una investigación para aclarar supuestas agresiones sexuales a varias menores en un campamento de verano situado en el municipio madrileño de Arroyomolinos. Según confirmaron fuentes de la Benemérita, las sospechas se dirigen hacia uno de los monitores del centro.
Hasta ahora, se han registrado dos denuncias formales presentadas por niñas cuyas edades oscilan entre los tres y siete años. Los investigadores no descartan que en las próximas horas o días otras familias afectadas puedan acudir a presentar denuncias adicionales.
Administración del campamento y retraso en la comunicación
El campamento donde presuntamente ocurrieron los hechos está bajo la dependencia de la Mancomunidad del Suroeste, aunque la gestión cotidiana está a cargo de una empresa privada contratada mediante concurso público. El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha aclarado que no mantiene relación laboral directa con el monitor investigado.
Aunque los supuestos abusos fueron cometidos el 9 de junio, los padres no tuvieron conocimiento oficial de la situación hasta el pasado viernes, según testimonios de familiares recogidos por medios locales.
Reacción institucional y apoyo a las víctimas
El Gobierno municipal ha expresado su «condena absoluta» respecto a lo ocurrido y ha puesto en marcha varios protocolos para asistir a los afectados:
- Apoyo a las familias: El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha ofrecido apoyo psicológico especializado y asesoramiento legal a quienes lo necesiten.
- Medidas legales: Las autoridades locales están valorando personarse en el proceso judicial como parte acusadora particular.
- Reclamación de responsabilidades: El Consistorio ha solicitado a la Mancomunidad del Suroeste que tome las medidas necesarias y depure responsabilidades con la empresa encargada del servicio.
Investigación en proceso: La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance real de los hechos y la responsabilidad penal del monitor implicado.
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