El proceso excepcional, activo durante dos meses y medio, termina con más de 900.000 solicitudes. El Ejecutivo descarta extender el plazo a pesar de las críticas por las dificultades burocráticas relacionadas con los antecedentes penales.
MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
Campaña institucional en la capital
Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
Campaña institucional en la capital
Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El proceso excepcional, activo durante dos meses y medio, termina con más de 900.000 solicitudes. El Ejecutivo descarta extender el plazo a pesar de las críticas por las dificultades burocráticas relacionadas con los antecedentes penales.
MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
Campaña institucional en la capital
Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
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Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
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Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
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Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
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Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El proceso excepcional, activo durante dos meses y medio, termina con más de 900.000 solicitudes. El Ejecutivo descarta extender el plazo a pesar de las críticas por las dificultades burocráticas relacionadas con los antecedentes penales.
MADRID. — Este martes concluye el periodo de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció de forma excepcional para que los inmigrantes en situación administrativa irregular pudieran tramitar su regularización extraordinaria. Esta iniciativa se encuentra dirigida a todas las personas migrantes, incluidos quienes han solicitado asilo, que residían en el país con anterioridad al 1 de enero de este año, que carecen de permisos de residencia y trabajo, y que no cuentan con antecedentes penales.
El proceso para recibir solicitudes comenzó el 16 de abril mediante medios telemáticos y se reforzó cuatro días más tarde con atención presencial en más de 400 puntos distribuidos entre oficinas de Extranjería, sedes de la Seguridad Social y oficinas de Correos. Durante la jornada de hoy, las personas rezagadas todavía tienen la oportunidad de presentar su solicitud de manera electrónica a través de la plataforma Mercurio o de forma presencial con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y permisos provisionales
Los datos provisionales del proceso reflejan la magnitud de esta medida. Según la información reciente proporcionada por el Gobierno, hasta el 15 de junio se habían recibido 900.000 peticiones de regularización. De ese total, 360.000 solicitudes ya han sido admitidas, lo que implica que los solicitantes han obtenido de manera inmediata una autorización temporal que les permite residir y trabajar legalmente durante la tramitación del expediente definitivo.
La Administración dispone de un plazo legal de hasta tres meses para resolver los expedientes. Aunque aún no existen cifras definitivas respecto a cuántos procesos han sido resueltos favorablemente, fuentes oficiales confirman que algunos solicitantes están empezando a recibir las notificaciones de aprobación.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso de regularización ha presentado varios obstáculos para quienes han tramitado la solicitud. En las fases iniciales, las oficinas municipales y las de organizaciones no gubernamentales autorizadas registraron largas filas debido a la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, requisito indispensable en casos específicos que se agilizó conforme más entidades se integraron en el sistema de emisión.
Sin embargo, el principal inconveniente persistente hasta el cierre ha afectado a migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estas personas han encontrado grandes dificultades para obtener en sus países el certificado de antecedentes penales, documento que debe ser aportado obligatoriamente. Para mitigar este problema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática, cuya evaluación comenzará en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones con la documentación, diversas organizaciones sociales, la plataforma impulsora ‘Regularización Ya’ y partidos políticos como Sumar y Podemos solicitaron formalmente ampliar el plazo para presentar solicitudes. No obstante, el Gobierno ha mantenido su postura inicial y ha rechazado de forma rotunda conceder una prórroga.
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Coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Este evento oficial servirá para lanzar una campaña institucional bajo el lema ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’. La presentación, orientada a destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional, incluirá testimonios de personas regularizadas y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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