El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comenzado un diálogo dentro del ámbito europeo para que el catalán, gallego y euskera sean reconocidos como idiomas oficiales de la Unión Europea. Esta propuesta pretende condicionar la expansión del bloque comunitario a la aceptación de estas lenguas, lo que ha provocado tensiones con varios Estados miembros.
Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, indicó que es momento de eliminar la discriminación que enfrentan los 20 millones de españoles que residen en regiones con más de una lengua oficial. No obstante, en Bruselas y otras capitales del continente se ha solicitado prudencia, dado que este tema no se considera una prioridad para la Unión.
En el Consejo de Asuntos Generales de la UE, se dedicaron apenas 10 minutos para tratar las lenguas cooficiales, reflejando la baja urgencia asignada a esta cuestión. Países como Alemania y Lituania han expresado su oposición a la táctica de España de relacionar la ampliación de la UE con este asunto lingüístico.
La oficialización de estos idiomas formó parte del acuerdo de investidura de 2023, sin embargo, hasta el momento no ha habido progresos relevantes. La iniciativa de España se enfrenta al veto de Estados clave como Francia e Italia y parece poco factible que avance durante la presidencia irlandesa del Consejo de la UE.
El secretario de Estado Sampedro ha señalado que es viable incorporar idiomas al listado oficial de la UE sin necesidad de modificar los Tratados, comparando este procedimiento con el de Naciones Unidas. A pesar de ello, la complejidad del proceso y la necesidad de unanimidad entre los 27 Estados miembros dificultan el avance de la propuesta.
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