Frente a varios brotes recientes y la eliminación de más de 2,5 millones de aves, el Gobierno ha decidido no aplicar vacunas avícolas, alegando que podrían enmascarar la detección del virus.
En los meses recientes, en España se ha detectado una actividad elevada del virus de la gripe aviar (H5N1) en granjas avícolas y aves domésticas. A pesar de contar con vacunas dirigidas a ciertos linajes del virus, las autoridades han optado por no implementarlas en el territorio nacional.
El argumento principal es que la vacunación actual protege contra los síntomas clínicos, pero no elimina completamente la infección ni impide la transmisión del virus. Por lo tanto, las aves vacunadas podrían seguir portando el virus de forma silenciosa, permitiendo su circulación sin evidentes signos de enfermedad.
Como medida alternativa, el Ejecutivo ha reforzado acciones como el confinamiento obligatorio de aves de corral en diversos municipios, la prohibición del uso de ciertas aguas que puedan entrar en contacto con aves silvestres y el aumento de la vigilancia en las explotaciones.
El Gobierno sostiene que esta estrategia favorece la trazabilidad y visibilidad de los brotes, facilitando el seguimiento epidemiológico. Sin embargo, algunos sectores del sector avícola han manifestado inquietudes respecto a los costos de los sacrificios masivos, las pérdidas económicas y la presencia posible de reservorios silvestres difíciles de controlar.
Además, la circulación asintomática del virus genera preocupación por una potencial mutación o recombinación que pueda facilitar su adaptación al humano, aunque hasta ahora no se han identificado casos de esta variante en España.
En conclusión, la estrategia española se centra en la vigilancia activa, la bioseguridad reforzada y los sacrificios selectivos, en lugar de aplicar una vacunación preventiva. Esta orientación cuenta con respaldo epidemiológico, pero también suscita debate sobre la viabilidad económica y la necesidad de planes de prevención más amplios.
