La tributación real de los productos financieros en España llega al 22%, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 14%, según un informe del IEE y EFPA España.
En España, la carga fiscal sobre el ahorro o la inversión es más elevada que la media europea. De acuerdo con el informe La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España: análisis y reformas, realizado por el Instituto de Estudios Económicos y EFPA España, la tributación efectiva de los productos financieros alcanza el 22%.
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Este porcentaje supera tanto el 14% de media de la Unión Europea como el 16% registrado en la OCDE. El estudio indica que el sistema tributario español disminuye la rentabilidad neta del ahorro más que en otros países similares.
Los instrumentos financieros más conservadores se sitúan entre los más gravados. Los depósitos y bonos públicos soportan una tributación efectiva media cercana al 30%, frente al 29% de la OCDE y el 25% de la Unión Europea.
La renta variable también muestra diferencias significativas. En España, las acciones tienen una tributación media del 29%, comparado con el 22% de la media comunitaria y el 21% de la OCDE. En cuanto a los fondos de inversión, la carga fiscal es del 27%, en contraste con el 24% de la OCDE y el 21% en la UE.
El informe también subraya el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. En España, las aportaciones mantienen una neutralidad fiscal del 0%, mientras que en Europa y la OCDE los tipos efectivos medios son negativos, del 23% y 26% respectivamente.
Sin embargo, el rescate de estas aportaciones tributa como renta del trabajo y puede llegar a tipos marginales máximos del 47% en el IRPF, dependiendo de la modalidad elegida para recuperar los fondos.
Otro dato importante es que el tipo marginal máximo aplicado en el IRPF sobre las ganancias es del 30%, frente al 20% en promedio en la OCDE y el 18% en la Unión Europea.
Entre las reformas planteadas se encuentran la reducción del tipo marginal máximo para las rentas del capital, la ampliación de la compensación por pérdidas y el aumento hasta 5.000 euros anuales del límite de aportaciones deducibles a planes de pensiones, frente a los 1.500 euros actuales.
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