El Ayuntamiento de Palencia ha emprendido acciones legales en un asunto que ha generado conmoción en la política local. El consistorio ha interpuesto una denuncia contra la concejala del Partido Popular, Carolina Valbuena, y la secretaria municipal por supuestas anomalías relacionadas con la asignación y edificación de una vivienda de protección oficial (VPO) que presenta características poco habituales, como un chalé con piscina privada.
La denuncia, que se encuentra ya en la esfera judicial, apunta a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, concentrándose en la forma en que una representante pública pudo acceder a un inmueble protegido con detalles propios de viviendas de alto nivel.
Aspectos fundamentales del caso «VPO de lujo»
La revisión interna realizada por el Ayuntamiento ha descubierto varias irregularidades que han llevado el asunto ante los tribunales:
- El inmueble: Se trata de una vivienda unifamiliar catalogada como de Protección Oficial, pero que cuenta con piscina y jardín privado, características incompatibles con las normativas de vivienda social dirigidas a personas con dificultades económicas.
- Participación de la secretaria: La denuncia también involucra a la secretaria municipal, sugiriendo que pudo haber un incumplimiento en sus funciones o un asesoramiento que facilitó la continuidad del proceso de construcción y adjudicación sin los controles legales necesarios.
- Posibles irregularidades en el censo: Se investiga si la concejala realmente cumplía con los requisitos de renta y necesidad de vivienda al momento de la asignación, o si su posición en el Ayuntamiento influyó para modificar el expediente.
Reacciones políticas: entre la solicitud de dimisión y el silencio
Esta situación ha provocado un impacto significativo en el equipo municipal de Palencia:
- El Equipo de Gobierno: Considera que la denuncia es una «obligación moral y legal» luego de los informes técnicos que indican que el proceso fue, cuando menos, «altamente irregular».
- La Oposición (PSOE y Vox): Han pedido la dimisión inmediata de Valbuena, argumentando que este caso perjudica gravemente la reputación institucional y supone un agravio para quienes esperan durante años una vivienda protegida.
- El Partido Popular: Por ahora, mantiene una actitud cautelosa a la espera del avance judicial, aunque la presión interna para que la concejala se aparte aumenta progresivamente.
Marco legal aplicable
El Código Penal contempla sanciones que incluyen inhabilitación y prisión para los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Asimismo, de confirmarse el fraude, la concejala podría perder el derecho sobre la propiedad y enfrentar multas económicas equivalentes a múltiples veces el valor de las ayudas otorgadas para la VPO.
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