Las empresas españolas afrontan un nuevo marco legal que considerará como delito penal la elusión de sanciones impuestas a Rusia, tras cumplirse el plazo establecido por la Comisión Europea para la incorporación de la Directiva (UE) 2024/1226.
Con esta modificación, se transforma la naturaleza jurídica de ciertas conductas que antes se sancionaban administrativamente y que ahora podrán acarrear penas de hasta cinco años de prisión y multas significativas, que pueden llegar al 5% de la facturación mundial o 40 millones de euros en el caso de personas jurídicas.
Asimismo, la reforma impondrá sanciones por negligencia grave en la gestión de bienes de doble uso y equipamiento militar. Además, complementa la Directiva (UE) 2024/1260 relativa a la recuperación y confiscación de activos, que debe ser aplicada antes de noviembre de 2026.
La abogada especializada María Barbancho ha estudiado las distintas dimensiones de esta norma y sus efectos sobre las compañías españolas que mantienen actividades o vínculos comerciales indirectos con Rusia a través de terceros países.
Este nuevo marco legal también aborda la responsabilidad penal empresarial, el alcance del criterio de negligencia grave y la forma en que se calculan las multas conforme a la cifra de negocios global.
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