La situación de Maricarmen, una arrendataria de 87 años, ha centrado la atención recientemente sobre el tema de los alquileres de renta antigua en España. Maricarmen abonaba 440 euros por su vivienda ubicada en el barrio de El Retiro, un precio muy inferior a los más de 2.000 euros que estos inmuebles alcanzan actualmente en el mercado. Después de residir 70 años en la misma casa, su desahucio fue respaldado legalmente, aunque finalmente se acordó con el propietario que Maricarmen permanezca en el inmueble, aumentando la renta a 500 euros mensuales.
Los alquileres de renta antigua constituyen una modalidad residual en España, representando menos del 3% del total según estimaciones de especialistas. Estos contratos, firmados antes del 9 de mayo de 1985, tienen su origen durante la época franquista y se caracterizan por su larga vigencia y precios regulados. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 estableció y consolidó este régimen, permitiendo renovaciones indefinidas y subrogaciones entre familiares.
El ‘Decreto Boyer’ de 1985 intentó acabar con los contratos indefinidos, suprimiendo la prórroga forzosa. No obstante, la LAU de 1994 mantuvo un régimen transitorio para los contratos previos a 1985, introduciendo nuevas normas sobre actualización, subrogación y finalización. La legislación autoriza hasta dos subrogaciones familiares, pero con ciertas condiciones, como la convivencia previa y límites de edad para los hijos que acceden al contrato.
Heritae, empresa especializada en herencias, detalla que la continuidad de dichos contratos depende de varios aspectos, como la fecha de firma y el vínculo familiar. La subrogación debe notificarse al propietario en un plazo de tres meses tras el fallecimiento del titular. Asimismo, la ley determina que, salvo en discapacidad, los contratos se extinguen a los dos años o cuando el hijo subrogado alcanza los 25 años.
El caso de Maricarmen ha evidenciado las dificultades que enfrentan los inquilinos con contratos de renta antigua y ha reavivado el debate sobre la necesidad de regular precios y condiciones de los alquileres en el contexto actual de crisis habitacional en España.
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