Este jueves, el Tribunal Supremo inició una deliberación esencial para decidir si mantiene la prisión preventiva del exministro del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García. Ambos fueron detenidos el 27 de noviembre y actualmente sus defensas han presentado recursos que serán valorados por el tribunal superior.
La orden de ingreso en prisión fue dictada por el juez instructor Leopoldo Puente, quien fundamentó la medida en un presunto «riesgo extremo» de fuga, en el marco de una investigación sobre irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La audiencia reviste gran importancia debido a la gravedad de las imputaciones y sus posibles repercusiones para los acusados.
La Sala de lo Penal del Supremo convocó para las 10:30 horas la vista para valorar la situación de Ábalos, con una segunda sesión prevista media hora después para tratar el caso de Koldo García. Estos procedimientos se llevan a cabo en un contexto de alta expectación y tensión, dado que ambos recurren la prisión preventiva.
La defensa de José Luis Ábalos argumenta que el juez Puente hizo un «uso desproporcionado del derecho» al ordenar su detención fundamentándose en «criterios imprecisos y justificaciones procesales». Solicitan que el tribunal considere desproporcionada la medida al no existir un riesgo real de fuga.
También indican que la prisión provisional parece orientada a favorecer una declaración colaborativa de los imputados, similar a la de otro implicado en el caso, el empresario Víctor de Aldama.
Por su parte, la defensa de Koldo García pidió su libertad bajo fianza, presentando garantías para salir de prisión y destacando que ha justificado el aumento de su patrimonio mediante sus ingresos. Esta postura refleja la determinación de su equipo jurídico para enfrentar las acusaciones.
Además, sostienen que el auto de prisión provisional se basa en conclusiones de la acusación sin verificar correctamente los elementos incriminatorios ni el supuesto riesgo de fuga que justificaría mantener la prisión preventiva.
La Fiscalía solicitó penas contundentes: 24 años de prisión para Ábalos, la más alta en este proceso, y 19 años y medio para Koldo García, en un contexto de graves señalamientos por corrupción.
Entre los cargos figuran delitos como organización criminal, cohecho y malversación, con la acusación de que Ábalos y García habrían colaborado para obtener beneficios económicos ilícitos en la contratación pública de mascarillas. Este caso ha adquirido relevancia nacional e internacional, reflejando la seriedad de la investigación.
El Tribunal Supremo ya designó a los siete magistrados encargados del juicio contra Ábalos, García y Aldama, lo que indica que el proceso judicial avanza y se espera una resolución en breve sobre el destino de los involucrados.
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