Madrid. — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, indicó este lunes que la red consular española está trabajando con máxima celeridad para entregar dentro del plazo establecido las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo sobre el voto desde el exterior en las elecciones del 29-N.
El Gobierno tiene hasta este miércoles para proporcionar la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas bajo la llamada ‘ley de nietos’ (Ley de Memoria Democrática) a quienes se les ha suspendido provisionalmente el derecho a votar. Si el mandato judicial no se cumple, los responsables del Ejecutivo podrían enfrentar multas económicas y posibles repercusiones legales.
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Instrucciones precisas y exclusión del censo
En una entrevista con Radio Nacional, Albares subrayó que la prioridad de su ministerio es cumplir con las disposiciones del tribunal supremo: «Nuestra única preocupación es acatar las decisiones del Supremo. Los cónsules recibieron instrucciones directas mediante telegramas diplomáticos para tratar esta labor como una obligación inmediata y prioritaria, disponiendo de todos los recursos necesarios».
Aunque reconoció que estos votos no influirían en el resultado electoral, el ministro de Exteriores destacó la necesidad de actuar con rapidez en el ámbito administrativo. Tras la presentación de la lista por parte del Ejecutivo, la Junta Electoral Central (JEC) procederá a eliminar del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) a todos los ciudadanos nacionalizados según esta normativa, salvo aquellos que dispongan de un certificado consular que confirme su condición de descendientes directos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.
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