Arrancan 13 sesiones en una vista oral que juzgará al exministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas.
Este martes 7 de abril, el Tribunal Supremo da comienzo a la etapa decisiva del llamado «caso mascarillas». A lo largo de un calendario que se extenderá hasta el 30 de abril, el tribunal analizará el testimonio de 80 testigos y miles de documentos para esclarecer la presunta red de comisiones ilegales relacionada con contratos adjudicados en plena pandemia de 2020, cuyo valor total alcanzó los 54 millones de euros.
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En el banquillo estarán el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto con su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía pide penas de hasta 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, quienes permanecen en prisión provisional por riesgo de fuga desde la revelación del caso hace más de dos años.
Jesica Rodríguez, testigo clave en la investigación
La sesión inicial de declaraciones comenzará con Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos y figura relevante en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Rodríguez, que ha asistido al tribunal con un cambio notable de aspecto —pasando de rubio a moreno—, es considerada fundamental para clarificar la supuesta financiación irregular vinculada al entorno personal del exministro.
De acuerdo con el escrito fiscal, Rodríguez acompañó al entonces ministro en más de 15 viajes oficiales entre 2019 y 2020. La investigación también señala que fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, donde habría recibido 43.978 euros sin realizar, presuntamente, ninguna función efectiva.
Alquiler en Plaza de España y pagos asociados a Aldama
Otro aspecto relevante que se abordará es el alquiler de un piso situado en la Plaza de España de Madrid, donde residió Rodríguez. Según la Fiscalía, la renta mensual de 2.700 euros fue abonada por Víctor de Aldama a través de intermediarios, hecho que el propio empresario admitió en sede judicial.
En contraste, Koldo García ha ofrecido una versión diferente, alegando que dicho inmueble se trataba de un «piso de empresa» para descanso, y afirmó incluso haber realizado algunos pagos con fondos personales, llegando a utilizar recursos propios de su hija menor. El testimonio de Rodríguez deberá esclarecer cómo se financiaron su vivienda, sus viajes internacionales y su incorporación al sector público.
Un mes intenso en materia judicial
La Fiscalía Anticorrupción, además de las penas privativas de libertad, reclama multas que podrían alcanzar los 3,9 millones de euros y el embargo de más de 430.000 euros en beneficios ilícitos. Según la fiscalía, los acusados habrían organizado un «negocio ilícito» desde entidades como Adif y Puertos del Estado para beneficiar a la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama, a cambio de réditos personales y económicos.
Este proceso judicial coincide en fechas con la vista del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, configurando así un mes de abril con una notable carga judicial para analizar importantes causas de corrupción que han marcado la política española reciente.
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