La Guardia Civil ha intervenido un lote congelado al constatar que excedía la fecha de consumo preferente sin contar con las garantías sanitarias necesarias. Este producto, destinado a la distribución, deberá gestionarse como residuo no apto para el consumo humano.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han detenido un caso de fraude alimentario en Galicia con la incautación temporal de 186 toneladas de pescado congelado. Esta mercancía fue intervenida en un frigorífico de Marín (Pontevedra), que se encarga del almacenaje y distribución para terceros, tras detectarse que el pescado tenía la fecha de consumo preferente vencida y carecía de la documentación legal que autorizara su prórroga.
Durante la inspección, los agentes verificaron que el pescado permanecía en las cámaras junto a otros alimentos sin que se hubiera aplicado el procedimiento técnico y sanitario obligatorio para ampliar su vida útil. Según la normativa vigente, una vez sobrepasado el plazo de consumo preferente, el alimento pierde su estatus comercial y se clasifica como residuo SANDACH (subproducto animal no destinado al consumo humano).
Una práctica fraudulenta bajo vigilancia
Desde la Comandancia de Pontevedra señalan que el almacenamiento de mercancía caducada en las cámaras es una práctica común en algunas empresas del sector. El propósito de esta conducta es realizar prórrogas fraudulentas para volver a poner el producto en el mercado, evitando los rigurosos controles técnicos que aseguran la seguridad y las propiedades sensoriales del alimento.
La Guardia Civil indica que estas irregularidades suelen ocultar al consumidor la fecha real de congelación. En inspecciones anteriores, se han identificado lotes con fechas de consumo preferente que datan de 2011. También se han detectado intentos de comercializar productos cuya cadena de frío se había visto comprometida debido a problemas durante el transporte o almacenamiento.
Competencia exclusiva del fabricante
La investigación destaca que únicamente el fabricante está autorizado para establecer y reevaluar la fecha de duración del producto basándose en sus propios análisis. Las empresas intermediarias no están habilitadas para extender estos plazos mediante estudios que no cuenten con las garantías oficiales.
Después de la inmovilización de las 186 toneladas en Marín, el Seprona ha remitido el expediente al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia. Esta entidad será responsable de supervisar la destrucción o correcta gestión como residuo de la mercancía, evitando riesgos para la salud pública derivados de una posible venta ilícita.
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