Madrid — Las acusaciones populares que encabeza el Partido Popular han dado un paso decisivo en la investigación del caso Plus Ultra. A través de un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se ha solicitado la imputación formal de Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta participación en una red de influencias relacionada con la aerolínea.
Las acusaciones identifican indicios de tres delitos graves: blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Según el escrito, ambas habrían recibido en total 447.095 euros (247.191 y 199.904 euros respectivamente) como administradoras de Whathefav, entidad que el magistrado califica como el «centro de redistribución económica» de la trama.
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Ampliación de la lista de investigados
La petición presentada por el bloque acusatorio no se limita a las hijas del expresidente. Bajo la coordinación del PP, ocho acusaciones solicitan que se amplíe la investigación a una docena de personas, entre las que destacan principalmente:
- José Luis Ábalos y Koldo García: El exministro de Transportes y su exasesor (actualmente en prisión provisional por el ‘caso mascarillas’) actuarían como intermediarios de la cúpula de Plus Ultra para garantizar la concesión del préstamo público de 53 millones de euros otorgado en 2021. Se les imputan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
- Altos cargos y mediadores: Se pide la imputación de José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Ramón Gordils, ex alto cargo diplomático venezolano señalado como el «mediador» que facilitó el acercamiento de Plus Ultra al entorno de Zapatero.
- Declaraciones clave: Se ha solicitado que comparezca como testigo el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio.
El dato: Las acusaciones sospechan que la red utilizó empresas pantalla como Inteligencia Prospectiva —relacionada con operaciones internacionales de petcoke y oro— y Softgestor, además de asesorías con sede en Dubái para crear sociedades offshore supuestamente bajo las órdenes de Zapatero.
Rastreo de desplazamientos y supervisión de la SEPI
En el marco de las diligencias solicitadas, el escrito reclama un seguimiento exhaustivo de los movimientos del expresidente y quienes lo rodean:
- Historial de viajes: Solicitan obtener todos los registros de desplazamientos internacionales de Zapatero y sus hijas desde 2017 hasta la fecha, con especial atención a los viajes realizados a Venezuela.
- Control de visitas oficiales: Requieren a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes el libro de visitas correspondiente al periodo entre octubre de 2020 y mayo de 2026 para verificar las entradas de Zapatero, accionistas de Plus Ultra y representantes del Gobierno venezolano.
- Supervisión de la ayuda pública: Las acusaciones exigen a la SEPI que corrija las «deficiencias» detectadas por la UDEF, justificando las «carpetas vacías» y la falta de acceso a algunos archivos en los expedientes previamente entregados.
Por el posible perjuicio económico para los fondos públicos, las acusaciones populares han anunciado que solicitarán medidas cautelares, incluyendo la imposición de una fianza solidaria a los investigados por el total de la deuda pendiente que Plus Ultra mantiene con el Estado.
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