La acusación formulada por el Partido Popular pide investigar la responsabilidad jurídica del PSOE tras denunciar el uso indebido de fondos y recursos de Ferraz en posibles actividades ilícitas y presiones a la policía.
Este martes, el PP presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que formaliza la solicitud de imputar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica. La formación de Alberto Núñez Feijóo, que actúa como acusación popular en el procedimiento conocido como ‘caso Leire’ o ‘cloacas de Ferraz’, atribuye al partido en el Gobierno diversos delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
En el escrito dirigido al magistrado Santiago Pedraz, el PP argumenta que la dirección del PSOE organizó una estructura presuntamente delictiva coordinada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, con la colaboración de la gerente del partido, Ana María Fuentes. Según las denuncias de los populares, el PSOE habría facilitado a esta red recursos tanto logísticos como económicos con el propósito de obstaculizar investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del Ejecutivo, especialmente tras el periodo de reflexión declarado por Pedro Sánchez en abril de 2024.
En la petición, el PP subraya una aparente ausencia de controles internos en el partido y detalla el supuesto uso de partidas destinadas a campaña para cubrir gastos de personas clave en la red, incluyendo a la excolaboradora Leire Díez y medios afines. Además, el documento destaca los intentos presuntos de la red por influir en la actividad de fiscales e investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, haciendo referencia a la relación personal entre la investigada Leire Díez y la directora general del instituto armado, Mercedes González.
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Este martes, el PP presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que formaliza la solicitud de imputar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica. La formación de Alberto Núñez Feijóo, que actúa como acusación popular en el procedimiento conocido como ‘caso Leire’ o ‘cloacas de Ferraz’, atribuye al partido en el Gobierno diversos delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
En el escrito dirigido al magistrado Santiago Pedraz, el PP argumenta que la dirección del PSOE organizó una estructura presuntamente delictiva coordinada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, con la colaboración de la gerente del partido, Ana María Fuentes. Según las denuncias de los populares, el PSOE habría facilitado a esta red recursos tanto logísticos como económicos con el propósito de obstaculizar investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del Ejecutivo, especialmente tras el periodo de reflexión declarado por Pedro Sánchez en abril de 2024.
En la petición, el PP subraya una aparente ausencia de controles internos en el partido y detalla el supuesto uso de partidas destinadas a campaña para cubrir gastos de personas clave en la red, incluyendo a la excolaboradora Leire Díez y medios afines. Además, el documento destaca los intentos presuntos de la red por influir en la actividad de fiscales e investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, haciendo referencia a la relación personal entre la investigada Leire Díez y la directora general del instituto armado, Mercedes González.
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Este martes, el PP presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que formaliza la solicitud de imputar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como persona jurídica. La formación de Alberto Núñez Feijóo, que actúa como acusación popular en el procedimiento conocido como ‘caso Leire’ o ‘cloacas de Ferraz’, atribuye al partido en el Gobierno diversos delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
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En la petición, el PP subraya una aparente ausencia de controles internos en el partido y detalla el supuesto uso de partidas destinadas a campaña para cubrir gastos de personas clave en la red, incluyendo a la excolaboradora Leire Díez y medios afines. Además, el documento destaca los intentos presuntos de la red por influir en la actividad de fiscales e investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, haciendo referencia a la relación personal entre la investigada Leire Díez y la directora general del instituto armado, Mercedes González.
