El sindicato solicita medidas cautelares inmediatas sin audiencia previa debido a deficiencias en la prevención de riesgos laborales y alerta sobre posibles interferencias en los sistemas de vigilancia del centro penitenciario Fuerte Mendizábal.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de solicitar la suspensión urgente de las obras y del despliegue logístico previsto para instalar un centro temporal de acogida para migrantes en un terreno adyacente al Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en Ceuta.
Este recurso contencioso-administrativo cuestiona el Real Decreto 761/2026, de 29 de septiembre, que modificó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma, incorporando la cesión de suelo penitenciario. El sindicato denuncia que la Administración ha actuado de manera arbitraria al no realizar, según su versión, una evaluación técnica previa de riesgos laborales y al excluir a la representación legal de los trabajadores públicos, lo que consideran una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la directiva europea correspondiente.
Entre las preocupaciones de seguridad presentadas en la demanda, que también se ha remitido a la Inspección de Trabajo, CSIF señala que la cercanía de esta instalación provisional puede afectar la seguridad del perímetro de la prisión. Se advierte que podría producirse un mal funcionamiento de los sensores volumétricos y las cámaras térmicas debido a falsos positivos, además de la obstrucción de las vías de acceso necesarias en situaciones de emergencia o durante traslados judiciales, así como un aumento del riesgo en la introducción de objetos prohibidos o en vuelos no autorizados de drones.
Desde la representación sindical insisten en que invocar la Ley de Seguridad Nacional no libera al Estado de garantizar la salud y seguridad en el trabajo, resaltando que la protección del derecho constitucional a la vida y la integridad física de los funcionarios penitenciarios debe primar sobre la conveniencia logística de la ubicación.
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de solicitar la suspensión urgente de las obras y del despliegue logístico previsto para instalar un centro temporal de acogida para migrantes en un terreno adyacente al Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en Ceuta.
Este recurso contencioso-administrativo cuestiona el Real Decreto 761/2026, de 29 de septiembre, que modificó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma, incorporando la cesión de suelo penitenciario. El sindicato denuncia que la Administración ha actuado de manera arbitraria al no realizar, según su versión, una evaluación técnica previa de riesgos laborales y al excluir a la representación legal de los trabajadores públicos, lo que consideran una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la directiva europea correspondiente.
Entre las preocupaciones de seguridad presentadas en la demanda, que también se ha remitido a la Inspección de Trabajo, CSIF señala que la cercanía de esta instalación provisional puede afectar la seguridad del perímetro de la prisión. Se advierte que podría producirse un mal funcionamiento de los sensores volumétricos y las cámaras térmicas debido a falsos positivos, además de la obstrucción de las vías de acceso necesarias en situaciones de emergencia o durante traslados judiciales, así como un aumento del riesgo en la introducción de objetos prohibidos o en vuelos no autorizados de drones.
Desde la representación sindical insisten en que invocar la Ley de Seguridad Nacional no libera al Estado de garantizar la salud y seguridad en el trabajo, resaltando que la protección del derecho constitucional a la vida y la integridad física de los funcionarios penitenciarios debe primar sobre la conveniencia logística de la ubicación.
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El sindicato solicita medidas cautelares inmediatas sin audiencia previa debido a deficiencias en la prevención de riesgos laborales y alerta sobre posibles interferencias en los sistemas de vigilancia del centro penitenciario Fuerte Mendizábal.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de solicitar la suspensión urgente de las obras y del despliegue logístico previsto para instalar un centro temporal de acogida para migrantes en un terreno adyacente al Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en Ceuta.
Este recurso contencioso-administrativo cuestiona el Real Decreto 761/2026, de 29 de septiembre, que modificó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma, incorporando la cesión de suelo penitenciario. El sindicato denuncia que la Administración ha actuado de manera arbitraria al no realizar, según su versión, una evaluación técnica previa de riesgos laborales y al excluir a la representación legal de los trabajadores públicos, lo que consideran una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la directiva europea correspondiente.
Entre las preocupaciones de seguridad presentadas en la demanda, que también se ha remitido a la Inspección de Trabajo, CSIF señala que la cercanía de esta instalación provisional puede afectar la seguridad del perímetro de la prisión. Se advierte que podría producirse un mal funcionamiento de los sensores volumétricos y las cámaras térmicas debido a falsos positivos, además de la obstrucción de las vías de acceso necesarias en situaciones de emergencia o durante traslados judiciales, así como un aumento del riesgo en la introducción de objetos prohibidos o en vuelos no autorizados de drones.
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Desde la representación sindical insisten en que invocar la Ley de Seguridad Nacional no libera al Estado de garantizar la salud y seguridad en el trabajo, resaltando que la protección del derecho constitucional a la vida y la integridad física de los funcionarios penitenciarios debe primar sobre la conveniencia logística de la ubicación.
