Tras la amenaza de Marruecos de suspender el acuerdo de extradición, los populares marcan un giro en su estrategia: acusan al Gobierno de «inacción» diplomática y reclaman llamar a consultas a la embajadora del reino alauí.
MADRID / BARCELONA. — El Partido Popular ha completado un cambio significativo en su enfoque político respecto a la crisis migratoria en Ceuta, intensificando sus críticas hacia Marruecos y aumentando la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la advertencia del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Uahbi, sobre la paralización del tratado de extradición bilateral y las renovadas demandas sobre la soberanía de las ciudades autónomas, la cúpula popular ha adoptado una postura firme: «Ceuta y Melilla son españolas. Por ello, no están sujetas a negociación alguna. Se defienden», afirmó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Este cambio discursivo —que contrasta con la moderación inicial mostrada por el partido en los primeros días tras las entradas masivas en la frontera— coloca ahora como objetivo tanto a la diplomacia marroquí como a la respuesta del Ejecutivo. Desde Génova se cuestiona abiertamente la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y se responsabiliza al Gobierno central por la falta de contundencia en la defensa de la integridad territorial española.
Ofensiva parlamentaria y reproches diplomáticos
Durante una rueda de prensa en Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, censuró duramente que el Ejecutivo no haya realizado ninguna protesta formal frente a la actitud de las autoridades marroquíes. «¿Cómo es posible que después de una entrada masiva y del cuestionamiento sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya convocado a consultas a la embajadora de Marruecos?», preguntó De los Santos, contraponiendo esta postura con la firmeza demostrada por Moncloa en otros conflictos diplomáticos dentro de Europa.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PP ha presentado una serie de preguntas escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para solicitar explicaciones inmediatas acerca del estado de la cooperación jurídica con Marruecos y sobre los mecanismos que se disponen ante una posible suspensión de los acuerdos de extradición.
Exigencia de agilizar las devoluciones
Más allá de la confrontación diplomática, los populares han insistido al Gobierno en la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes para la expulsión de las miles de personas que permanecen en Ceuta tras las entradas registradas desde finales de julio. La formación solicita agilizar especialmente el proceso de repatriación de los menores no acompañados, estimados en alrededor de 4.000 según cifras oficiales, apelando al cumplimiento del convenio bilateral de protección firmado en 2007 entre ambos países.
Con esta iniciativa, el PP intenta reducir las opciones del Gobierno en política exterior, demandando la garantía de que la soberanía sobre los enclaves norteafricanos no forme parte de ninguna negociación o acuerdo con Rabat.
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MADRID / BARCELONA. — El Partido Popular ha completado un cambio significativo en su enfoque político respecto a la crisis migratoria en Ceuta, intensificando sus críticas hacia Marruecos y aumentando la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la advertencia del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Uahbi, sobre la paralización del tratado de extradición bilateral y las renovadas demandas sobre la soberanía de las ciudades autónomas, la cúpula popular ha adoptado una postura firme: «Ceuta y Melilla son españolas. Por ello, no están sujetas a negociación alguna. Se defienden», afirmó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Este cambio discursivo —que contrasta con la moderación inicial mostrada por el partido en los primeros días tras las entradas masivas en la frontera— coloca ahora como objetivo tanto a la diplomacia marroquí como a la respuesta del Ejecutivo. Desde Génova se cuestiona abiertamente la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y se responsabiliza al Gobierno central por la falta de contundencia en la defensa de la integridad territorial española.
Ofensiva parlamentaria y reproches diplomáticos
Durante una rueda de prensa en Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, censuró duramente que el Ejecutivo no haya realizado ninguna protesta formal frente a la actitud de las autoridades marroquíes. «¿Cómo es posible que después de una entrada masiva y del cuestionamiento sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya convocado a consultas a la embajadora de Marruecos?», preguntó De los Santos, contraponiendo esta postura con la firmeza demostrada por Moncloa en otros conflictos diplomáticos dentro de Europa.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PP ha presentado una serie de preguntas escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para solicitar explicaciones inmediatas acerca del estado de la cooperación jurídica con Marruecos y sobre los mecanismos que se disponen ante una posible suspensión de los acuerdos de extradición.
Exigencia de agilizar las devoluciones
Más allá de la confrontación diplomática, los populares han insistido al Gobierno en la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes para la expulsión de las miles de personas que permanecen en Ceuta tras las entradas registradas desde finales de julio. La formación solicita agilizar especialmente el proceso de repatriación de los menores no acompañados, estimados en alrededor de 4.000 según cifras oficiales, apelando al cumplimiento del convenio bilateral de protección firmado en 2007 entre ambos países.
Con esta iniciativa, el PP intenta reducir las opciones del Gobierno en política exterior, demandando la garantía de que la soberanía sobre los enclaves norteafricanos no forme parte de ninguna negociación o acuerdo con Rabat.
Tras la amenaza de Marruecos de suspender el acuerdo de extradición, los populares marcan un giro en su estrategia: acusan al Gobierno de «inacción» diplomática y reclaman llamar a consultas a la embajadora del reino alauí.
MADRID / BARCELONA. — El Partido Popular ha completado un cambio significativo en su enfoque político respecto a la crisis migratoria en Ceuta, intensificando sus críticas hacia Marruecos y aumentando la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante la advertencia del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Uahbi, sobre la paralización del tratado de extradición bilateral y las renovadas demandas sobre la soberanía de las ciudades autónomas, la cúpula popular ha adoptado una postura firme: «Ceuta y Melilla son españolas. Por ello, no están sujetas a negociación alguna. Se defienden», afirmó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Este cambio discursivo —que contrasta con la moderación inicial mostrada por el partido en los primeros días tras las entradas masivas en la frontera— coloca ahora como objetivo tanto a la diplomacia marroquí como a la respuesta del Ejecutivo. Desde Génova se cuestiona abiertamente la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y se responsabiliza al Gobierno central por la falta de contundencia en la defensa de la integridad territorial española.
Ofensiva parlamentaria y reproches diplomáticos
Durante una rueda de prensa en Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, censuró duramente que el Ejecutivo no haya realizado ninguna protesta formal frente a la actitud de las autoridades marroquíes. «¿Cómo es posible que después de una entrada masiva y del cuestionamiento sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya convocado a consultas a la embajadora de Marruecos?», preguntó De los Santos, contraponiendo esta postura con la firmeza demostrada por Moncloa en otros conflictos diplomáticos dentro de Europa.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PP ha presentado una serie de preguntas escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para solicitar explicaciones inmediatas acerca del estado de la cooperación jurídica con Marruecos y sobre los mecanismos que se disponen ante una posible suspensión de los acuerdos de extradición.
Exigencia de agilizar las devoluciones
Más allá de la confrontación diplomática, los populares han insistido al Gobierno en la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes para la expulsión de las miles de personas que permanecen en Ceuta tras las entradas registradas desde finales de julio. La formación solicita agilizar especialmente el proceso de repatriación de los menores no acompañados, estimados en alrededor de 4.000 según cifras oficiales, apelando al cumplimiento del convenio bilateral de protección firmado en 2007 entre ambos países.
Con esta iniciativa, el PP intenta reducir las opciones del Gobierno en política exterior, demandando la garantía de que la soberanía sobre los enclaves norteafricanos no forme parte de ninguna negociación o acuerdo con Rabat.
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Este cambio discursivo —que contrasta con la moderación inicial mostrada por el partido en los primeros días tras las entradas masivas en la frontera— coloca ahora como objetivo tanto a la diplomacia marroquí como a la respuesta del Ejecutivo. Desde Génova se cuestiona abiertamente la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y se responsabiliza al Gobierno central por la falta de contundencia en la defensa de la integridad territorial española.
Ofensiva parlamentaria y reproches diplomáticos
Durante una rueda de prensa en Barcelona, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, censuró duramente que el Ejecutivo no haya realizado ninguna protesta formal frente a la actitud de las autoridades marroquíes. «¿Cómo es posible que después de una entrada masiva y del cuestionamiento sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya convocado a consultas a la embajadora de Marruecos?», preguntó De los Santos, contraponiendo esta postura con la firmeza demostrada por Moncloa en otros conflictos diplomáticos dentro de Europa.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PP ha presentado una serie de preguntas escritas dirigidas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para solicitar explicaciones inmediatas acerca del estado de la cooperación jurídica con Marruecos y sobre los mecanismos que se disponen ante una posible suspensión de los acuerdos de extradición.
Exigencia de agilizar las devoluciones
Más allá de la confrontación diplomática, los populares han insistido al Gobierno en la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes para la expulsión de las miles de personas que permanecen en Ceuta tras las entradas registradas desde finales de julio. La formación solicita agilizar especialmente el proceso de repatriación de los menores no acompañados, estimados en alrededor de 4.000 según cifras oficiales, apelando al cumplimiento del convenio bilateral de protección firmado en 2007 entre ambos países.
Con esta iniciativa, el PP intenta reducir las opciones del Gobierno en política exterior, demandando la garantía de que la soberanía sobre los enclaves norteafricanos no forme parte de ninguna negociación o acuerdo con Rabat.
