Génova niega su papel en frenar el crecimiento de Santiago Abascal y responsabiliza al Ejecutivo de fomentar a la «ultraderecha» con medidas como la regularización de inmigrantes. Mientras tanto, las negociaciones para las investiduras en Aragón y Extremadura continúan paralizadas a la espera de las elecciones en Castilla y León.
El Partido Popular ha adoptado una actitud de prudencia estratégica frente al aumento electoral de Vox, confirmado en las recientes votaciones en Extremadura y Aragón. En lugar de asumir como su responsabilidad detener a la formación de Abascal —que abandonó los gobiernos autonómicos en julio de 2024—, el equipo dirigido por Alberto Núñez Feijóo considera que dicho cometido corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez. Para Génova, el hecho de que la izquierda «pierda reiteradamente» evidencia el fracaso de la política de Moncloa.
Uso del temor y regularización masiva
Desde el PP se acusa directamente al presidente del Gobierno como principal impulsor del crecimiento de Vox. Según fuentes populares, Sánchez utiliza medidas con un fuerte contenido ideológico, como el reciente acuerdo para la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros, con la intención de «activar» el voto y beneficiar a la ultraderecha, con el fin de posicionarse después como el único «refugio viable».
No obstante, el PP destaca los datos electorales: en Extremadura y Aragón, el bloque de la derecha ha superado el 50% de los votos, alcanzando incluso un 60% en Extremadura. Desde Génova se subraya que el PSOE ya no se disputa el primer lugar, sino evitar ser superado por Vox como segunda fuerza, evidenciado por la irrelevancia de Podemos frente al auge de figuras como Alvise Pérez.
Negociaciones bloqueadas: la influencia de Castilla y León
A pesar de los resultados favorables, la formación de gobiernos sigue siendo complicada. Las negociaciones para la investidura en ambas comunidades presentan situaciones diferentes pero igualmente complejas:
• Aragón: El acuerdo es considerado casi seguro, aunque Vox exige obtener proporciones de poder acordes a su representación.
• Extremadura: Las conversaciones están estancadas. María Guardiola debe convocar la primera sesión de investidura antes del 3 de marzo, pero la falta de acuerdo con Vox podría retrasar el proceso hasta el 3 de mayo, fecha límite para evitar nuevas elecciones.
Este bloqueo no es casual. Tanto PP como Vox centran su atención en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. En Génova creen que, tras dicha cita, las negociaciones podrán avanzar, confiando en que el resultado reafirme la superioridad del bloque de derecha, obligando a Vox a moderar sus demandas o al PSOE a enfrentar una nueva caída.
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