Madrid, 28 de mayo de 2026 – Pedro Martín Molina, economista y auditor independiente que en 2021 fue el perito judicial encargado de analizar la situación financiera de Plus Ultra, reiteró este jueves ante la comisión de investigación del Senado que la aerolínea alteró sus estados financieros y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no debería haber aprobado el rescate público de 53 millones de euros.
En su intervención, Martín Molina afirmó que la empresa aplicó modificaciones contables no reconocidas por el plan general de contabilidad con el fin de aparentar una viabilidad que, en su opinión, no existía. Al cierre del 31 de diciembre de 2019, la aerolínea carecía de solvencia y liquidez, incumpliendo los requisitos establecidos por el Consejo de Ministros y la Unión Europea para recibir ayudas derivadas de fondos COVID-19.
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Transferencias financieras hacia paraísos fiscales
Un aspecto relevante del testimonio del perito fue la detección de movimientos económicos sospechosos con destino al extranjero. Detalló que identificó salida de fondos hacia una compañía no registrada como proveedora habitual y con cuenta offshore en paraísos fiscales, mencionando lugares como Dominica, Bermudas y Panamá.
El informe técnico indicaba que el préstamo de 7,5 millones de dólares concedido por la entidad panameña Panacorp —que Plus Ultra utilizó para justificar su solvencia ante SEPI— contenía irregularidades:
«Cuatro millones fueron enviados a una cuenta en Dominica. Resulta ilógico mantener una suma que no genera rendimientos sin posibilidad de disponer de ella», señaló el perito, sugiriendo que había razones distintas a las económicas para justificar ese rescate.
Irregularidades en la instrucción judicial y avance hacia la Audiencia Nacional
Ante preguntas del Partido Popular, Martín Molina expuso presuntas irregularidades ocurridas durante la etapa inicial de la instrucción judicial en 2021, bajo la dirección de la jueza Esperanza Collazos:
- Indicó que su declaración original no fue registrada en audio, por lo que tuvo que repetirla con un número reducido de preguntas.
- Criticó que un juez sustituto, durante el período de vacaciones de la jueza titular, autorizara la liberación de 34 millones de euros del préstamo público que la Fiscalía había bloqueado cautelarmente.
- Afianzó que aquella causa penal en el juzgado madrileño se archivó porque la jueza de instrucción no solicitó las pruebas necesarias.
A pesar del cierre de ese procedimiento local en enero de 2023, el informe de Martín Molina ha adquirido una nueva relevancia. Sus conclusiones fueron incorporadas plenamente en el sumario que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, donde se indaga si una parte de los 53 millones de euros públicos fue desviada o utilizada en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
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