El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe detallado acerca de varios encuentros en los que participaron Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora de confianza, Cristina Álvarez, con la empresa Making Science, que colaboraba con la cátedra universitaria que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta solicitud judicial surge tras la declaración del director general de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, quien confirmó la participación de ambas en reuniones tanto presenciales como virtuales relacionadas con el desarrollo del proyecto. La compañía ha enviado al juzgado diversa documentación que respalda estos contactos.
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La actuación del magistrado se enmarca en una pieza separada de la causa principal en la que Begoña Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En esta parte concreta, la investigación se centra en una posible malversación de fondos públicos, delito por el cual también está imputada Cristina Álvarez, alto cargo de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
El juez analiza si Álvarez, desde su posición en el ámbito público, apoyó las actividades profesionales privadas de Gómez, especialmente en la gestión de la cátedra impulsada en la Complutense. Según la documentación presentada, la primera reunión con Making Science tuvo lugar online el 11 de enero de 2023 y consistió en un encuentro técnico de seguimiento que no contó con acta.
Posteriormente, el 3 de marzo del mismo año, se realizó una segunda reunión con el fin de resolver cuestiones relativas al proyecto. Ya en febrero de 2024, ambas asistieron a un encuentro presencial donde se planteó la posibilidad de una segunda fase del trabajo. Tras esa cita, la empresa envió un presupuesto que, según indica, no fue respondido.
La investigación judicial destaca la participación activa de Cristina Álvarez en la cátedra, pese a que su cargo oficial no tenía relación directa con estas actividades. Entre sus acciones figura el envío de correos electrónicos a posibles patrocinadores, como Reale Seguros, con el propósito de asegurar el respaldo económico para el proyecto.
Además, Álvarez intervino en intercambios de correos vinculados con el registro de un software y la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva, utilizando en algunas ocasiones una cuenta personal y en otras, el correo oficial de la Presidencia del Gobierno con su membrete correspondiente.
Por último, el juez Peinado ha solicitado también documentación a otras empresas colaboradoras con la cátedra, buscando esclarecer el grado de implicación de Gómez y su asesora, y determinar si hubo un posible uso indebido de fondos públicos.
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