La asociación solicita de manera urgente un aumento del personal, mejores recursos materiales y una mayor seguridad jurídica para los agentes destacados en la ciudad autónoma.
CEUTA. Han transcurrido 31 días desde el inicio de la crisis migratoria a finales de julio, que implicó la entrada masiva de más de 80.000 personas. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha hecho pública su denuncia sobre el «abandono institucional» que, en su opinión, sufren los efectivos destinados en Ceuta. La organización critica al Gobierno por no haber establecido un protocolo claro que garantice la seguridad física y jurídica de los agentes en campo.
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La entidad destaca que la Guardia Civil sigue operando bajo una gran presión, ya que los agentes han tenido que realizar jornadas extra y sacrificar sus vacaciones para mantener el dispositivo en la frontera.
Críticas a la gestión y discriminación en las compensaciones
En un comunicado contundente, AEGC señala que el Ejecutivo central ha actuado con demora y ha relegado al cuerpo. Por ejemplo, recuerdan que las primeras compensaciones económicas por el esfuerzo adicional solo beneficiaron a la Policía Nacional, dejando inicialmente fuera a la Guardia Civil.
“En esta crisis siempre ha habido retrasos, marginando a los guardias civiles al excluirlos inicialmente de las compensaciones por el esfuerzo extra, que tuvieron que ser reclamadas ante el Consejo de la Guardia Civil por esta Asociación”, critican desde AEGC.
Tres demandas prioritarias para la frontera sur
Ante lo que consideran una situación prolongada y excepcional, AEGC ha señalado tres medidas urgentes que consideran imprescindibles para la frontera sur europea:
- Incremento urgente de la plantilla: Ajustar el número de puestos de trabajo en Ceuta acorde a la realidad operativa y a la presión constante en la frontera.
- Provisión de medios materiales adecuados: Facilitar recursos técnicos modernos y equipos individuales de protección para salvaguardar la integridad de los agentes en primera línea.
- Protocolo claro de actuación: Establecer un marco de intervención definido que otorgue plena cobertura física y legal a los efectivos durante su trabajo en la valla y el perímetro fronterizo.
Solicitan responsabilidades políticas
La organización subraya que la diligencia profesional de los agentes no puede suplir la falta de planificación política y acusa a las autoridades de proporcionar “medias verdades” sobre la información que manejan respecto a la crisis.
El comunicado termina pidiendo responsabilidades al ministro del Interior: “Si este ministro no es capaz de tomar decisiones ni de atender las necesidades del personal sobre el terreno, debería permitir que otra persona que sepa reaccionar y escuchar ocupe el puesto”.
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