El magistrado de la Audiencia Nacional ha calificado como «graves» las filtraciones recurrentes a la prensa, limitando además el acceso a las grabaciones de los testimonios para salvaguardar la investigación.
MADRID (EFE). — José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha tomado la iniciativa para detener la divulgación de información reservada vinculada al ‘caso Plus Ultra’, donde figura como imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Al carecer de competencia directa para instruir esta causa, el magistrado ha solicitado formalmente a los juzgados de Madrid que inicien una investigación penal destinada a identificar a los responsables de dichas filtraciones.
En un auto emitido este jueves, Calama mostró su preocupación por la «gravedad de los hechos», indicando que la publicación de estos datos podría constituir un delito por revelar actuaciones calificadas como reservadas.
Continuas filtraciones de información confidencial
El juez destaca que, desde que la causa fue puesta a disposición de las partes, se han producido filtraciones «constantes e inmediatas» hacia los medios de comunicación.
Esta situación alcanzó su punto más crítico ayer con la divulgación masiva de un nuevo informe policial relacionado con Zapatero. El magistrado enfatizó que el contenido de dicho documento resulta incompatible con su difusión indiscriminada.
Tres medidas rigurosas para proteger el proceso
Tras comprobar que los mecanismos vigentes no han sido suficientes para mantener la confidencialidad de las actuaciones, Calama ha implementado tres acciones urgentes para asegurar el secreto externo y resguardar tanto el desarrollo de la investigación como los derechos de los investigados:
- Creación de una sección de «información sensible»: Se establecerá una sección específica que custodie las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, con acceso limitado exclusivamente al juzgado y al Ministerio Fiscal.
- Limitación de copias a las partes: Las defensas y la acusación popular (coordinada por el PP) no recibirán copias en vídeo de los interrogatorios, pudiendo acceder únicamente a una transcripción automática del contenido. Si algún abogado requiere consultar algún fragmento audiovisual, deberá hacerlo presencialmente en la Secretaría del juzgado hasta, al menos, la posible apertura del juicio oral.
- Centralización del acceso documental: En cuanto a las acusaciones populares, únicamente la plataforma coordinada y dirigida por el Partido Popular tendrá permiso para acceder a los documentos.
«Estas iniciativas buscan preservar la eficacia de la investigación, evitando interferencias indebidas y garantizando la integridad de las diligencias», concluye el auto del magistrado.
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