El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete fiscal ambicioso que reemplaza el anterior descuento de 20 céntimos por una reducción directa de impuestos. Este plan también reactiva el «escudo social», prohibiendo el corte de suministros básicos tras tres semanas desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.
España pone en marcha una respuesta económica frente a la crisis energética. Coincidiendo con la tercera semana desde que Israel y Estados Unidos iniciaron ataques conjuntos contra Irán, el Ejecutivo introduce una serie de medidas urgentes. El conflicto ha elevado el precio del barril de Brent a más de 100 dólares, lo que ha provocado que llenar un depósito de diésel rebase los 100 euros.
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Reducción fiscal directa en lugar de bonificación por litro
En contraste con la medida aplicada tras la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno ha decidido no recurrir al descuento de 20 céntimos en estaciones de servicio. Opta, en cambio, por una reducción fiscal directa que es más amplia y ambiciosa que la inicialmente prevista.
- Carburantes: El IVA aplicado a las gasolinas se reducirá del 21% al 10%. Además, el decreto contempla la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, gravamen que afecta a gasolina, diésel, gas natural, querosenos y gases licuados del petróleo (GLP).
- Electricidad: Se replica la fórmula de alivio del año anterior con la reducción del IVA eléctrico al 10%. A su vez, se disminuye el impuesto especial sobre la electricidad (actualmente al 5%) y se suprime el impuesto a la producción abonado por las compañías eléctricas.
Estas iniciativas surgen en un contexto delicado donde el precio del gas en referencia a Países Bajos ronda los 60 euros/MWh, nivel inferior a los 300 euros de 2022 pero aún el doble respecto a antes del conflicto. Asimismo, los carburantes han experimentado incrementos que oscilan entre el 19% y el 32% desde el comienzo de las hostilidades.
Reinstauración del escudo social y discrepancias en la coalición
Este paquete legislativo no solo busca aliviar la recaudación, sino también recuperar medidas de protección social que habían dejado de aplicarse. El Gobierno restablece la prohibición de suspender suministros básicos (como electricidad, agua y gas) para personas en situación vulnerable y amplía el bono social eléctrico. En este decreto no se incluyen, por ahora, nuevas rebajas del IVA para productos alimenticios.
No obstante, el proceso de elaboración del plan ha evidenciado tensiones dentro del Gobierno de coalición. El socio minoritario, Sumar, ha expresado su rechazo a un decreto centrado prioritariamente en la reducción impositiva, demandando acciones adicionales como la congelación de los alquileres y el control de los márgenes empresariales. Esta discrepancia provocó una paralización de varias horas en la reunión del Consejo de Ministros, mostrando la complejidad para alcanzar acuerdos frente a esta crisis internacional.
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