El Ejecutivo acepta que el juicio al exministro resulta desalentador y admite que el ruido judicial está alterando la agenda política nacional.
MADRID – El Gobierno ha decidido salir del silencio ante la contundencia de los testimonios emitidos en el Tribunal Supremo durante el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Fuentes oficiales reconocieron el jueves 9 de abril que la situación es negativa y que la información judicial está impidiendo avanzar en una agenda política constructiva.
«Resulta complicado destacar aspectos positivos esta semana», expresaron desde Moncloa a El País, señalando que las denuncias sobre «nombramientos irregulares», sobornos y entregas de dinero afectan gravemente al ánimo y a la comunicación del Ejecutivo.
Un proceso que está condicionando la agenda
Aunque el Gobierno intenta mantener su ritmo legislativo —con iniciativas como la protección constitucional del aborto o la modificación de la ‘Ley Mordaza’—, la realidad judicial domina la atención pública. El Ejecutivo reconoce que este juicio está captando el foco mediático, aunque confían en que el impacto electoral se encuentre ya asumido al tratarse de un asunto visible desde hace meses.
Aspectos más relevantes de la semana
La severidad de las declaraciones en el Supremo ha dejado al Ejecutivo con pocas opciones de respuesta. Entre los temas más destacados de estas jornadas se encuentran:
- Nombramientos irregulares en compañías públicas: Se analiza la incorporación de personas ligadas al exministro, como Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, en entidades como Ineco o Logirail. Algunos testimonios indican que Rodríguez «no desempeñó funciones laborales» pese a recibir un salario público.
- La entrega de un saco con billetes en Ferraz: Un chófer confirmó ante el juez que transportó a una empresaria al entorno de la sede del PSOE en la calle Ferraz llevando un «saco con billetes» (aproximadamente 90.000 euros en efectivo) bajo instrucciones de Víctor de Aldama.
- Preferencias y presiones: Exdirectivos de Adif declararon que Ábalos intervino directamente para proteger a sus allegados en empleos públicos.
La táctica de «amortización»
Frente a la gravedad de las pruebas, ciertos sectores del Gobierno buscan restar importancia comparando este caso con la trama Kitchen del Partido Popular. «Así como la Kitchen está asumida para el PP, este caso también lo estará para nosotros. Será un empate a cero», comentan ministros próximos a Pedro Sánchez.
No obstante, prevalece un clima de preocupación interna. Con Ábalos y Koldo García en prisión preventiva y enfrentando posibles condenas de hasta 30 años de prisión, el Gobierno prevé que esta será una «semana complicada» para la comunicación política, difícil de superar a corto plazo.
El dato: El juicio, que contempla 13 sesiones previstas para abril, está en su fase más delicada con la declaración de cerca de 80 testigos.
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