El tribunal muestra incredulidad ante los testimonios de trabajadores públicos que confirman la ausencia de supervisión sobre la pareja y amiga del exministro.
El denominado «caso Ábalos» ha trascendido una simple investigación administrativa para convertirse en un desafío complejo para los magistrados. Las recientes declaraciones de empleados de las empresas públicas implicadas han revelado un escenario de falta de control, donde los favores personales primaban sobre las normas laborales.
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Interrogatorio caracterizado por el desconcierto
La sesión alcanzó un momento crítico cuando el juez, visiblemente contrariado por la carencia de información clara sobre las tareas desempeñadas por las beneficiarias, formuló una pregunta que reflejaba la debilidad de la defensa:
«¿Dónde trabajaba justamente? ¿Alguna vez alguien las vio en la oficina?»
Los testimonios de los compañeros de departamento resultaron contundentes. Lejos de avalar la profesionalidad de las contratadas, describieron una organización en la que la pareja y una amiga cercana del entonces ministro figuraban en la nómina, pero no disponían de despacho, responsabilidades concretas ni supervisión directa.
Las fallas en el sistema de contratación
Los testigos revelaron ante el tribunal una compleja red que permitía eludir los controles administrativos:
- Puestos inexistentes: Las personas implicadas ocupaban cargos técnicos con alta remuneración, sin presencia habitual en las dependencias oficiales.
- Falta de claridad jerárquica: Nadie en las entidades públicas pudo identificar quién supervisaba o aprobaba sus tareas y horarios.
- Incorporación por orden directa: Todos los relatos coinciden en que estas contrataciones no siguieron los procedimientos estándares de recursos humanos, sino que se realizaron por instrucciones políticas superiores.
La revisión del uso de fondos públicos
Esta etapa judicial pone en cuestión la gestión del exministro, al sugerir que las instituciones públicas pudieron ser empleadas como un recurso privado para favores personales. El tribunal busca esclarecer la posible responsabilidad penal de quienes permitieron que estas contrataciones se mantuvieran con recursos públicos, mientras los empleados con carrera profesional observan con sorpresa cómo se manejaban sus propias entidades.
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