El Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez ha ganado un renovado impulso político luego de las declaraciones de Vox, que plantearon la deportación masiva de inmigrantes. Este anuncio, efectuado el lunes, ha generado numerosas reacciones tanto en el Gobierno como en otros grupos parlamentarios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó con contundencia a la formación encabezada por Santiago Abascal. Afirmó que «desconocen que el crecimiento del país se debe en gran parte a la contribución de los migrantes», calificando la propuesta de Vox como «xenófoba y desconectada de la realidad».
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Por su parte, Pedro Sánchez se expresó sobre el asunto en su cuenta de la red social X, recordando que España «fue durante décadas una nación de emigrantes» y que actualmente, como país receptor, «los que llegan aportan con su esfuerzo a construir una España mejor». El presidente, que tiene previsto comparecer este miércoles en el Congreso para explicar el caso Cerdán, aprovechó para destacar la importancia de «recordar nuestras raíces para comprender nuestra identidad».
Vox aclara su postura y niega haber mencionado ocho millones
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, trató de matizar la propuesta en una entrevista en Herrera en Cope. Aseguró que su partido nunca ha hablado de deportar a ocho millones de inmigrantes y describió esa cifra como una manipulación: «Quien haya dicho eso o no ha escuchado las declaraciones o está mintiendo deliberadamente».
Millán reafirmó que «la inmigración debe ser legal y ordenada» y advirtió que nadie que entre en España de forma irregular podrá permanecer en el país. Además, señaló que podrían ser repatriadas personas con documentación si demuestran «una incapacidad evidente para adaptarse» o si «viven del delito».
La portavoz responsabilizó a las autoridades públicas de haber generado un problema complicado de solucionar: «La integración debería haberse abordado desde el principio». Según ella, el plan de repatriación representa una opción «menos perjudicial» para evitar que España reproduzca «el modelo fallido de Francia».
El PP descarta deportaciones y regularizaciones masivas
Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz tomó distancia de la propuesta de Vox. Manifestó que «el PP no está a favor ni de regularizaciones ni de deportaciones masivas», resaltando que estas medidas incumplen la normativa internacional.
Muñoz recordó que la Constitución Española exige respetar tratados internacionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 4 prohíbe expresamente las expulsiones colectivas.
En medio del retorno del debate migratorio a la agenda mediática, el Gobierno utiliza el desgaste que esta polémica genera en la derecha para consolidar su posición en un escenario político delicado.
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