El Gobierno español considera la posibilidad de que Marruecos decida retirar a su embajadora en respuesta a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Esta situación está basada en antecedentes históricos, como el caso de 2007, cuando Juan Carlos I y Doña Sofía visitaron las ciudades autónomas y Marruecos llamó a consultas a su embajadora en señal de protesta.
Desde el Ejecutivo se procura evitar un enfrentamiento diplomático con Rabat, señalando que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes a finales de julio fue un hecho «puntual» y «habitual». Según el Gobierno, dicho incidente fue resuelto gracias a las «relaciones de buena vecindad» entre ambas naciones.
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Visita de los Reyes y relaciones diplomáticas
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla representa «un viaje histórico» que se desarrolla dentro de la «absoluta normalidad». Saiz acompañará a Don Felipe y Doña Letizia en la visita a Melilla y recordó que no se había realizado una visita real a estas ciudades desde 2007.
Fuentes de Moncloa resaltaron la «excelente relación diplomática» con Marruecos y confiaron en que la visita transcurra sin problemas. Durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, el rey Mohamed VI no hizo referencia a la visita de los Reyes españoles.
Medidas económicas y situación migratoria
En paralelo con la visita, el Consejo de Ministros aprobó un «paquete extraordinario» de 45,3 millones de euros para Ceuta, destinado a cubrir gastos corrientes y servicios esenciales. El ministro de Hacienda, Arcadi España, comunicó que se han presentado 1.909 solicitudes de ayudas para autónomos y empresas afectadas por la situación en la ciudad, de las cuales 1.020 están en proceso de pago.
Respecto a la situación migratoria, hasta el lunes se habían realizado triajes a 4.432 adultos en situación irregular y 11.686 personas habían retornado a Marruecos, en su mayoría de manera voluntaria. Además, 3.019 menores han sido registrados y se ha comenzado su traslado a la Península, incluyendo comunidades autónomas que inicialmente rechazaron la acogida obligatoria.
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