MADRID – En la sesión del Consejo de Ministros celebrada este martes, se aprobó el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Sanidad, busca consolidar la gestión directa como el método predominante en la provisión de servicios sanitarios, poniendo fin a varias décadas de crecimiento de la gestión privada en hospitales y centros públicos de salud.
La nueva ley introduce un cambio significativo en la legislación española al derogar la Ley 15/1997, que fue implementada durante el gobierno de José María Aznar y facilitó la entrada de empresas privadas en la administración de servicios públicos de salud, dando lugar a modelos como los de Ribera Salud o el Grupo Quirón en varias comunidades autónomas.
Te puede interesar
Aspectos clave de la nueva ley:
- Prioridad para la gestión pública directa: La gestión realizada por la administración o entidades del sector público se establece como la modalidad predeterminada. Cualquier gestión distinta se considerará una excepción.
- Restricción significativa a la gestión indirecta: Para que una administración opte por la gestión privada, debe presentar informes técnicos que justifiquen la imposibilidad de prestación directa, además de demostrar que la opción privada es más eficiente, sostenible económicamente y que mantiene la calidad y accesibilidad equivalentes a las del sistema público.
- Eliminación de los modelos de colaboración público-privada (PFI): La ley prohíbe expresamente los contratos en los cuales una empresa privada asume tanto la construcción como la gestión posterior del hospital, una modalidad que ha sido objeto de críticas por sus altos costos a largo plazo.
- Facilitar la recuperación de servicios: El texto incorpora mecanismos de asesoramiento y apoyo técnico para las comunidades autónomas que decidan retornar a la gestión pública centros actualmente gestionados por el sector privado, garantizando una transición ordenada.
- Transparencia y supervisión reforzadas: Se crean comités de evaluación y se amplía el rol de la Alta Inspección del Estado para verificar que los contratos privados cumplan con los estándares de calidad y no impliquen un gasto excesivo para el sector público.
Fundamentos basados en la eficiencia
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que esta ley está fundamentada en evidencia científica y económica. Según los análisis del Ejecutivo, los sistemas de gestión directa muestran mejores resultados en indicadores relevantes como la mortalidad por infarto o ictus y presentan una mayor capacidad para mantener al personal sanitario en comparación con los modelos privatizados.
La ministra afirmó que «la sanidad no debe convertirse en un negocio para fondos de inversión, sino que es un derecho de la ciudadanía que debe preservarse», enfatizando que la normativa busca proteger el sistema ante posibles procesos de fragmentación y falta de transparencia.
Próximas etapas
Luego de su aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto será enviado a las Cortes Generales para iniciar su trámite parlamentario. Se espera contar con el respaldo del bloque de investidura, aunque se prevé un debate político intenso, especialmente con gobiernos autonómicos que han promovido la colaboración público-privada como un pilar de su modelo sanitario.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
