Durante una sesión decisiva de los informes finales ante la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, expresó una crítica contundente hacia la táctica de defensa utilizada por la familia Pujol. El representante del Ministerio Público contrastó el conocido lema político «Espanya ens roba» (España nos roba) con el presunto fraude fiscal sistemático que atribuye al clan del expresidente.
Un mecanismo de «omertá» y corrupción política
De acuerdo con el fiscal, el proceso judicial no implica un ataque contra Cataluña ni un juicio de carácter político, como han sugerido las defensas, sino que busca perseguir una «organización criminal» que actuó bajo una ley del silencio o omertá.
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- Procedencia de los fondos: Bermejo afirma que la riqueza oculta en Andorra no procede de una herencia o «deixa» del abuelo Florenci, hipótesis carente de pruebas documentales, sino que es resultado de un «auténtico expolio» de millones en distintas monedas.
- Red clientelar: El fiscal señaló que varios empresarios testimoniales optaron por guardar silencio para preservar sus vínculos con el «poder adjudicador», lo cual justificaría los pagos millonarios efectuados a Jordi Pujol Ferrusola sin respaldo razonable.
Contradicción entre discurso ideológico y fiscal
Un aspecto relevante del informe es la denuncia de la incoherencia institucional. Bermejo sostiene que resulta «particularmente contradictorio» promover un discurso de agravio económico frente al Estado mientras se evade deliberadamente el cumplimiento de obligaciones fiscales destinadas a financiar servicios públicos esenciales.
“Quien defrauda a la administración pública no afecta a un ente abstracto, sino que reduce los recursos destinados a los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña.”
Jerarquía de la organización
Según la Fiscalía, la estructura de esta asociación ilícita estaba claramente jerarquizada:
- Cima: El expresidente Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola.
- Gestión: Jordi Pujol Ferrusola, responsable de administrar los fondos.
- Base: Los otros seis hermanos de la familia.
La demora de la justicia
Respecto a la duración del proceso (14 años), Bermejo atribuye las “dilaciones” a las defensas. Ha criticado al clan por obstaculizar la investigación con maniobras jurídicas en Andorra y solicitudes de eliminación de documentación que ralentizaron el avance judicial.
El fiscal concluye que el juicio tiene como objetivo proteger el sistema tributario como fundamento del Estado social, defendiendo a los ciudadanos catalanes ante quienes, ocupando los más altos cargos institucionales, optaron por actuar al margen de la ley.
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