El documento relativo a la propuesta del Gobierno para acelerar las devoluciones destaca incompatibilidades con la legislación europea y la Constitución, advirtiendo que una redacción inadecuada podría saturar la Audiencia Nacional.
Un análisis técnico realizado por el exeurodiputado Jordi Cañas sobre el proyecto de real decreto-ley que el Gobierno central ha elaborado para reducir los tiempos y facilitar las devoluciones de migrantes en Ceuta concluye que la normativa temporal presenta importantes cuestiones de legalidad. Aunque el texto pretende afrontar la emergencia declarada en la ciudad tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, el estudio señala que varios apartados vulneran la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea.
Entre los puntos que generan mayor controversia, Cañas destaca la posible infracción del principio de no devolución (non-refoulement), la limitación del plazo para presentar recursos a solo cinco días en ciertas circunstancias, y la utilización del Boletín Oficial del Estado (BOE) como principal medio para notificar las resoluciones. Según su criterio, estas cuestiones reducen las garantías de los solicitantes y podrían desencadenar una serie de recursos judiciales que colapsaría la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, provocando un efecto contrario al que se busca.
El informe señala que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite implementar procedimientos rápidos, especialmente para solicitantes provenientes de países considerados seguros, categoría en la que la UE incluye a Marruecos, y prescindir de trámites colegiados como la evaluación previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). No obstante, destaca que la eficacia real de los retornos depende de los acuerdos bilaterales con el país vecino y no solo de la agilización administrativa en España.
Como medida para evitar la invalidez judicial del decreto, Cañas recomienda al Gobierno desarrollar un texto revisado que asegure el control judicial individualizado, aumente los recursos a los tribunales y utilice formalmente los mecanismos europeos de crisis y fuerza mayor establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1359, en lugar de fundamentarse únicamente en la declaración nacional de interés para la seguridad nacional.
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UNIRME GRATIS AL CANALEl documento relativo a la propuesta del Gobierno para acelerar las devoluciones destaca incompatibilidades con la legislación europea y la Constitución, advirtiendo que una redacción inadecuada podría saturar la Audiencia Nacional.
Un análisis técnico realizado por el exeurodiputado Jordi Cañas sobre el proyecto de real decreto-ley que el Gobierno central ha elaborado para reducir los tiempos y facilitar las devoluciones de migrantes en Ceuta concluye que la normativa temporal presenta importantes cuestiones de legalidad. Aunque el texto pretende afrontar la emergencia declarada en la ciudad tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, el estudio señala que varios apartados vulneran la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea.
Entre los puntos que generan mayor controversia, Cañas destaca la posible infracción del principio de no devolución (non-refoulement), la limitación del plazo para presentar recursos a solo cinco días en ciertas circunstancias, y la utilización del Boletín Oficial del Estado (BOE) como principal medio para notificar las resoluciones. Según su criterio, estas cuestiones reducen las garantías de los solicitantes y podrían desencadenar una serie de recursos judiciales que colapsaría la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, provocando un efecto contrario al que se busca.
El informe señala que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite implementar procedimientos rápidos, especialmente para solicitantes provenientes de países considerados seguros, categoría en la que la UE incluye a Marruecos, y prescindir de trámites colegiados como la evaluación previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). No obstante, destaca que la eficacia real de los retornos depende de los acuerdos bilaterales con el país vecino y no solo de la agilización administrativa en España.
Como medida para evitar la invalidez judicial del decreto, Cañas recomienda al Gobierno desarrollar un texto revisado que asegure el control judicial individualizado, aumente los recursos a los tribunales y utilice formalmente los mecanismos europeos de crisis y fuerza mayor establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1359, en lugar de fundamentarse únicamente en la declaración nacional de interés para la seguridad nacional.
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El documento relativo a la propuesta del Gobierno para acelerar las devoluciones destaca incompatibilidades con la legislación europea y la Constitución, advirtiendo que una redacción inadecuada podría saturar la Audiencia Nacional.
Un análisis técnico realizado por el exeurodiputado Jordi Cañas sobre el proyecto de real decreto-ley que el Gobierno central ha elaborado para reducir los tiempos y facilitar las devoluciones de migrantes en Ceuta concluye que la normativa temporal presenta importantes cuestiones de legalidad. Aunque el texto pretende afrontar la emergencia declarada en la ciudad tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, el estudio señala que varios apartados vulneran la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea.
Entre los puntos que generan mayor controversia, Cañas destaca la posible infracción del principio de no devolución (non-refoulement), la limitación del plazo para presentar recursos a solo cinco días en ciertas circunstancias, y la utilización del Boletín Oficial del Estado (BOE) como principal medio para notificar las resoluciones. Según su criterio, estas cuestiones reducen las garantías de los solicitantes y podrían desencadenar una serie de recursos judiciales que colapsaría la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, provocando un efecto contrario al que se busca.
El informe señala que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite implementar procedimientos rápidos, especialmente para solicitantes provenientes de países considerados seguros, categoría en la que la UE incluye a Marruecos, y prescindir de trámites colegiados como la evaluación previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). No obstante, destaca que la eficacia real de los retornos depende de los acuerdos bilaterales con el país vecino y no solo de la agilización administrativa en España.
Como medida para evitar la invalidez judicial del decreto, Cañas recomienda al Gobierno desarrollar un texto revisado que asegure el control judicial individualizado, aumente los recursos a los tribunales y utilice formalmente los mecanismos europeos de crisis y fuerza mayor establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1359, en lugar de fundamentarse únicamente en la declaración nacional de interés para la seguridad nacional.
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Un análisis técnico realizado por el exeurodiputado Jordi Cañas sobre el proyecto de real decreto-ley que el Gobierno central ha elaborado para reducir los tiempos y facilitar las devoluciones de migrantes en Ceuta concluye que la normativa temporal presenta importantes cuestiones de legalidad. Aunque el texto pretende afrontar la emergencia declarada en la ciudad tras las entradas masivas ocurridas a finales de julio, el estudio señala que varios apartados vulneran la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea.
Entre los puntos que generan mayor controversia, Cañas destaca la posible infracción del principio de no devolución (non-refoulement), la limitación del plazo para presentar recursos a solo cinco días en ciertas circunstancias, y la utilización del Boletín Oficial del Estado (BOE) como principal medio para notificar las resoluciones. Según su criterio, estas cuestiones reducen las garantías de los solicitantes y podrían desencadenar una serie de recursos judiciales que colapsaría la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, provocando un efecto contrario al que se busca.
El informe señala que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite implementar procedimientos rápidos, especialmente para solicitantes provenientes de países considerados seguros, categoría en la que la UE incluye a Marruecos, y prescindir de trámites colegiados como la evaluación previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). No obstante, destaca que la eficacia real de los retornos depende de los acuerdos bilaterales con el país vecino y no solo de la agilización administrativa en España.
Como medida para evitar la invalidez judicial del decreto, Cañas recomienda al Gobierno desarrollar un texto revisado que asegure el control judicial individualizado, aumente los recursos a los tribunales y utilice formalmente los mecanismos europeos de crisis y fuerza mayor establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1359, en lugar de fundamentarse únicamente en la declaración nacional de interés para la seguridad nacional.
