La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión para la exalcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), y para la actual alcaldesa, María de la Paz Fernández (PP), debido a presuntas irregularidades en la administración de la empresa municipal de limpieza Soliarsa durante el periodo 2018-2020. Asimismo, requiere seis años de cárcel para tres empleados municipales por contrataciones irregulares, incrementos salariales no autorizados, pagos de facturas sin supervisión y otorgamiento de gratificaciones como cestas navideñas.
Teresa Valdenebro (PSOE) y María de la Paz Fernández (PP)
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El Ministerio Público considera que podrían haberse cometido delitos relacionados con falsedad documental, prevaricación, malversación y fraude. Además, solicita una inhabilitación de ocho años para ambas políticas y una indemnización de 42.000 euros.
Aunque el Ayuntamiento de Ronda ha defendido que tanto el Tribunal de Cuentas como el juez han respaldado parcialmente estos procedimientos, el caso vuelve a evidenciar los problemas estructurales en la gestión de numerosas empresas municipales de limpieza en España.
Servilimpce, un reflejo en Ceuta
En Ceuta, el presente caso de Ronda ha generado un fuerte eco. La empresa municipal de limpieza Servilimpce enfrenta críticas continuas por su falta de eficacia, la ausencia de control en los procesos de contratación y los retrasos burocráticos que mantienen bloqueada la puesta en servicio de nuevos vehículos.
Además, se suman las denuncias de sindicatos, la presión de la oposición y las quejas de la ciudadanía sobre el deterioro del servicio, que dista mucho de cumplir con las expectativas tras su municipalización. Lo que inicialmente se presentó como una apuesta por la transparencia y la eficiencia se ha traducido, según vecinos y trabajadores, en un desorden organizativo significativo.
La comparación con Ronda resulta inevitable: irregularidades en la contratación, pluses salariales cuestionables y decisiones poco transparentes son patrones que, con diferencias en detalles, también se observan en Ceuta. El descontento es tal que el Gobierno local valora cambios en la dirección de Servilimpce, consciente de la creciente presión social y política.
Una llamada de atención para Ceuta
El proceso judicial en Ronda debería ser un aviso para la Ciudad Autónoma. De no actuarse con determinación y transparencia, Servilimpce podría convertirse no solo en un problema de gestión sino también en un riesgo legal e institucional para el Ejecutivo ceutí.
Mientras en Ronda será la Justicia quien determine el futuro de sus responsables, en Ceuta se percibe que la gestión del servicio de limpieza pública se ha transformado en un símbolo de ineficiencia y falta de control político.
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