Este jueves, el Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazada otra vez la senda de estabilidad presupuestaria para el trienio 2026-2028. La votación negativa se produce en una semana difícil para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, marcada por controversias internas en el PSOE y detenciones que afectan a varios altos cargos.
La propuesta fue rechazada con 177 votos en contra —procedentes del PP, Vox, Junts y UPN— frente a 166 votos favorables y cinco abstenciones, un resultado muy similar al del rechazo registrado a finales de noviembre. No obstante, esta segunda votación no impide al Ejecutivo: con ella se completan los trámites necesarios para que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 en el momento que considere adecuado.
El Ejecutivo mantiene libertad para presentar los Presupuestos
A pesar del rechazo, las cuentas públicas podrán elaborarse bajo los objetivos del plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado. Este plan se activa automáticamente tras la negativa a la senda de déficit planteada por Hacienda.
La propuesta rechazada establecía un déficit del 2,1% del PIB para 2026, del 1,8% para 2027 y del 1,6% para 2028 en el conjunto de las administraciones. Para las comunidades autónomas, Hacienda planteaba un margen constante del 0,1% del PIB durante esos tres años. Sin embargo, el plan alternativo que entra en vigor es más restrictivo: exige un equilibrio presupuestario (0%) para las comunidades y concede una décima más de margen a la Administración Central.
Junts advierte: “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”
En el debate, Junts emitió un mensaje claro. Su portavoz, Josep Maria Cruset, alertó a Montero de que el incumplimiento de compromisos con Cataluña tendrá repercusiones en futuras votaciones: «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana».
Las comunidades ven reducido su margen: Madrid, la más perjudicada
La puesta en marcha del plan fiscal estructural supone un ajuste fiscal de 1.755 millones para las comunidades en 2026 y una disminución acumulada de 5.485 millones en su capacidad de gasto entre 2026 y 2028.
Madrid será la comunidad más afectada, con una reducción estimada de 1.088 millones en ese periodo. Le siguen Cataluña (1.038,7 millones), Andalucía (731,4 millones), Comunidad Valenciana (509,9 millones) y Galicia (280,8 millones), entre otras regiones.
Montero expresó su decepción por los votos en contra y resaltó que la propuesta del Ministerio de Hacienda ofrecía un mayor margen a las comunidades. «No se explica que, habiendo una mayor flexibilidad, algunos opten por oponerse. Solo puede entenderse como un rechazo sin más», manifestó durante el debate en el Congreso.
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